El juicio de lesa humanidad es seguido contra 23 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 121 víctimas.
En la exposición, de la que también participó la auxiliar fiscal Marina Cura, el representante del Ministerio Público Fiscal abordó hechos ocurridos en las localidades jujeñas de Calilegua, Libertador San Martín, Ledesma y también en Tucumán.
Los casos, acumulados en lo que se conoce como “Megacausa Jujuy”, son motivo de juicio desde el 21 de junio de 2018 ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por los jueces Federico Díaz (presidente) Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus. La fase de alegatos, a cargo inicialmente de la fiscalía, comenzó el 10 de febrero pasado.
Entre los acusados, exintegrantes de la policía jujeña y dependencias de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y el Ejército, se encuentran Raúl José Borges Do Canto, Rafael Mariano Braga, Carlos Humberto Cachambe, Osvaldo Héctor Caraballo, Inés Roque Cari, Virgilio Choffi, Raúl Armando Claros, Mario Marcelo Gutiérrez, Juan Carlos Jones Tamayo, Juan De La Cruz Kairuz, José Américo Lescano, Rodolfo Oscar López, Juan Carlos Lucero, Ceferino Narváez, Orlando Ricardo Ortíz, Carlos Raúl Pérez, Pedro Ríos, Hugo Armando Ruiz, Bernardo Salinas y Herminio Zárate.
Sobre los allanamientos ilegales y la privación ilegítima de la libertad, investigados, en este caso, en 3 de las 16 causas acumuladas, el fiscal dio por probados estos delitos y fundó su convicción en numerosas pruebas testimoniales y documentales.
Explicó que estos procedimientos fueron parte de un plan criminal previamente delineado a partir del esquema represor dominante, que tenía como objetivo principal la aniquilación de todas las personas que, de una manera discrecional y antojadiza, tildaban como “enemigos de la seguridad nacional”.
“La noche del apagón”
Los allanamientos y detenciones ilegales, según explicó, contaron con un ardid clave para asegurarse el éxito y la impunidad, como fue el corte deliberado de la energía eléctrica (uno de los casos emblemáticos fue en Ledesma, con aporte de la firma azucarera, que confirmó la complicidad civil-empresaria con la dictadura militar 1976-1983), en los lugares donde se iban a realizar los procedimientos masivos, razón por la que se conocen los hechos como “La noche del apagón”.
Describió que, con las ciudades a oscuras, los grupos armados recorrieron numerosas casas; en algunos casos se abrieron paso a tiros, pues los testigos confirmaron haber visto ráfagas de ametralladoras. Citó el relato de un testigo, quien reveló que a una víctima “le han desarmado la casa a tiros, con itacas y ametralladoras… Toda la pared quedó con agujeros de balas”.
En base a la prueba testimonial, la fiscalía reconstruyó que, cuando las víctimas se quejaban por el frío, les arrojaban agua hervida, produciéndoles graves heridas. Con esta misma modalidad, y el uso de alambres calientes, eran torturadas en la espalda, los genitales y los glúteos.
Jornadas de secuestros, torturas y muertes
El fiscal Zurueta señaló que después de causar destrozos en las casas allanadas, modalidad que generó gran temor en la población, los acusados secuestraron personas cuyos nombres provenían de un listado que estaba en manos de un comisario, quien fiscalizaba las detenciones.
Explicó que, con los ojos vendados y maniatados, decenas de detenidos fueron golpeados y trasladados por varias dependencias policiales, incluida la central de la policía de esa provincia, para finalmente terminar en el centro clandestino ubicado en la localidad jujeña de Guerrero.
Estos operativos, indicó, se extendieron incluso a la provincia de Tucumán, donde varios estudiantes jujeños, fueron arrestados y trasladados al mismo centro de detención, en Jujuy, donde algunos de ellos fueron asesinados.
Citó los intentos de conocerlos paraderos de los detenidos de sus familiares. Como el caso de la hermana de un detenido, reveló que llegó hasta Buenos Aires, ya que los martes y jueves había audiencias en el edificio Libertad, sede de la Armada. Contó que, al presentarse, el capellán de esa fuerza era quien “nos daba la lista de los chicos que estaban y los que no estaban”. Cuando preguntó sobre los que no estaban en la lista, la respuesta fue lapidaria.
“Seguro que ya no está más… Y hay que pedirle a Dios que lo perdone”, fue la respuesta narrada por la testigo que el fiscal citó en su exposición.
Refirió que para el 28 de julio, día de Gendarmería Nacional, las mujeres debían preparar la comida para la fiesta, tras lo cual era sometidas a sesiones de abusos sexuales. Y con los hombres practicaban boxeo, hasta dejarlos inconscientes.
