El petitorio de la fiscalía –que también incluyó el pedido para que se absuelva a un acusado- fue el corolario de un extenso alegato que se prolongó durante todos los jueves desde el 10 de febrero pasado. En el juicio interviene el Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por los jueces Federico Díaz (presidente), Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus.
El fiscal Zurueta y la auxiliar fiscal Marina Cura se refirieron previamente a los delitos que consideraron probados en función de las pruebas testimoniales y documentales que fueron expuestas a lo largo del debate.
Los hechos que integran el objeto del proceso fueron cometidos antes, durante y después de golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en las localidades de Libertador General San Martín, mina El Aguilar, Calilegua y Ledesma, principalmente.
En su exposición, el fiscal acusó por la comisión de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, torturas, tormentos, violación sexual y homicidio, agravados por diferentes circunstancias en todos los casos.
“La ocultación de sus cuerpos fue una obra más en el perfeccionamiento de los crímenes del Estado. Para la fiscalía, no hay duda alguna que las desapariciones de las víctimas de este caso solo pueden ser entendidas como homicidios”.
Sobre los casos de allanamiento ilegal o violación de domicilio, el fiscal resaltó la inviolabilidad de esa garantía constitucional. “En ninguno de los casos ventilados en el debate se contó con orden legal”, señaló Zurueta, y también indicó que todos fueron ejecutados por las distintas fuerzas implicadas.
Respecto a la privación ilegal de la libertad, el representante del MPF destacó el abuso funcional e incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para estas medidas, entre ellos la existencia de un motivo. “No hubo orden judicial ni explicaciones, porque no había causas legales, lo que constituye una clara violación a las garantías constitucionales”, expuso el fiscal, quien también resaltó que todo fue parte del “plan represivo” llevado adelante por el gobierno de facto instaurado de manera inconstitucional.
Las víctimas eran de Jujuy y fueron perseguidos políticos
La fiscalía señaló que las víctimas de estos hechos fueron “perseguidos políticos”, considerados opositores al régimen de facto dentro del esquema represor. Por esa sola razón, indicó el MPF, fueron maniatados, golpeados y sometidos a toda clase de sufrimientos en centros clandestinos de detención, donde el uso de la “picana eléctrica” y los “submarinos” eran una práctica común.
“Estaban a merced de la voluntad de sus captores”, afirmó y, a la vez, dejó en claro que todos los hechos expuestos en detalle por la fiscalía se encuentran probados, tanto por los numerosos testimonios de las víctimas como por la prueba documental presentada por la fiscalía.
“El plan criminal consistió en el secuestro, torturas y el homicidio masivo de muchas víctimas”, agregó el fiscal, quien luego se refirió a la desaparición como un elemento clave dentro del esquema represivo, el cual no sólo buscaba la impunidad de los autores sino también causar temor en la sociedad.
En ese sentido, Zurueta afirmó que los acusados adoptaron distintas medidas para evitar que se conozca el destino de las víctimas. “La ocultación de sus cuerpos fue una obra más en el perfeccionamiento de los crímenes del Estado.
Para la fiscalía, no hay duda alguna que las desapariciones de las víctimas de este caso solo pueden ser entendidas como homicidios”, aseguró.
Vulneración
“Las agresiones sexuales operaban como una herramienta y como una estrategia de vulneración a la dignidad humana y en este caso especialmente iban dirigidas a las mujeres como un eslabón más dentro del plan criminal de represión".
Sobre los agravantes, el fiscal se refirió a la alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, para finalmente remarcar que “esta fiscalía en todos los casos” respetó “el principio de congruencia” en relación a los hechos imputados en la indagatoria, los cuales son los mismos traídos a debate y por los cuales se realizó el pedido de penas. “Jamás esta fiscalía acusaría por hechos que violen el principio de congruencia. Se está respetando el primer acto de defensa, como lo es la indagatoria”, afirmó.
