El pago se concretó a partir de las gestiones llevadas adelante por el abogado Marcelo Eduardo Arancibia, representante legal que intervino en el caso desde sus inicios, aunque posteriormente se unieron los letrados Fernando Teseyra y Sergio Gabriel Calvo Moscoso.
Con el penalista al frente del reclamo, los familiares de los brigadistas Mauricio Valdez y Matías Daniel Vilte lograron cobrar no sólo los 15 millones de pesos por los que fue condenado el Gobierno de la Provincia, sino también otros 11 millones más en concepto de intereses.
El pago se efectivizó a través de un acuerdo transnacional, mediante el cual se cancelaron el monto fijado por el juez Diego Rodríguez Pipino, en la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2019, en el marco del juicio seguido contra Víctor César Dagún, jefe del Programa de Defensa del Ambiente; Víctor Ola Castro, quien era subsecretario de Defensa Civil y Roberto Durnelli, otro funcionario de rango jerárquico.
Los cuatro funcionarios fueron juzgados por las muertes de Valdez, Vilte, Víctor Humberto Ferreyra y Martín Albarracín, quienes perdieron sus vidas al quedar encerrados por el fuego en el cerro El Acheral, donde las llamas arrasaron con más de 84 hectáreas. Como resultado del juicio, que comenzó en octubre de 2019, el juez Rodríguez Pipino sólo condenó a Dagún, mientras que el resto de los acusados fueron absueltos por el beneficio de la duda, aunque sí hizo lugar a la demanda interpuesta por Rossana del Valle Chávez, madre del brigadista Vilte y Valeria Soledad Montenegro, viuda de Valdez.
Al respecto, y por las muertes de Valdez y Vilte, el juez condenó al Gobierno de la Provincia a pagar en concepto de resarcimiento las sumas de 9 y 6 millones de pesos respectivamente, dinero que después de batallar casi ocho años desde que sucedió la tragedia, finalmente llegó a sus manos, como así también los intereses por los casi ocho años de demora.
“Seguramente esta demanda no repara la vida de las víctimas, pero se trata de un reclamo que fue atendido por la justicia, en este caso por el juez Rodríguez Pipino, quien merituó todos los aspectos del caso y dispuso el resarcimiento a modo de reparación, el que, ahora este gobierno, hay que reconocerlo, da cumplimiento”, sostuvo Arancibia. El letrado destacó, a su vez, la labor de sus colegas, quienes lo acompañaron a fin de que “los familiares puedan contar con este beneficio que, seguramente en nada compensará la vida de los brigadistas fallecidos, pero sí constituye lo que es justo”.
Una tragedia sin culpables condenados
Con el pago del resarcimiento concretado ayer, el proceso legal por la muerte de los cuatro brigadistas de Guachipas queda legalmente extinguido, pues las actoras civiles, Rossana Chávez y Valeria Montenegro, firmaron una petición remitida a la Corte de Justicia de Salta a fin de que los planteos interpuestos para revertir el último fallo dispuestos por este hecho, pierda efecto.
En el acta, se da a conocer el acuerdo arribado entre las demandantes y la Fiscalía de Estado, a cargo de su titular Agustín Pérez Alsina, cuya intervención también fue destacada por los representantes legales de las familias querellantes.
Entre otros detalles, las partes dejaron en claro que la Provincia cumplió con la reparación integral del daño sufrido, razón por la cual el litigio quedó extinguido.
De esta manera, se cierra un proceso legal que demoró casi ocho años y que tuvo varios vaivenes, entre ellos el hecho de que ninguno de los cuatro funcionarios del área de Defensa Civil fue declarado penalmente responsable por la tragedia del 27 de octubre de 2014 en el incendio del cerro El Acheral, en Guachipas.
Como se sabe, a poco de ocurrida la tragedia, el fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, archivó la investigación penal del caso, instancia que luego fue revertida por la misma fiscalía ante la aparición de un nuevo testigo, quien puso en evidencia ciertas falencias, tanto en materia de infraestructura como de capacitación.
A partir de allí, el caso avanzó, aunque no como se esperaba. Recién en el año 2019, en octubre, la fiscalía logró llevar a juicio a tres funcionarios de Defensa Civil, entre ellos al titular, Víctor Ola Castro, quien luego de un mes de audiencias, fue absuelto, al igual que Roberto Durnelli, siendo Víctor Dagún el único en ser condenado, recibiendo una pena de un año de prisión por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Esta condena, sin embargo, fue anulada el 24 de agosto del año pasado por la Sala III del Tribunal de Impugnación, quien decidió absolver a Dagún, aunque dejó en pie la demanda contra la Provincia, la cual ahora fue cumplida, con lo cual el caso quedó cerrado.
