Ante ello, advirtió que "una vez más la Justicia jujeña demuestra la falta de división de poderes y el encubrimiento permanente a las acciones del gobierno de Gerardo Morales".
"En una audiencia celebrada este jueves, el fiscal Rodrigo Gabriel Fernández Ríos rechazó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sea querellante en la causa surgida de su propia denuncia, en la cual se debería investigar las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y lesiones graves en el marco de las represiones policiales contra las protestas por la reforma constitucional", informó la cartera de Derechos Humanos.
La Secretaría encabezada por Horacio Pietragalla Corti había solicitado ser querellante aduciendo que "se encontraba en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino", más teniendo en cuenta los comunicados de advertencia realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas, por violaciones a los derechos humanos.
Pedido de la CIDH y la ONU
El pasado 20 de junio, ante la represión llevada a cabo por el Gobierno de Gerardo Morales, la CIDH había exhortado a "respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios".
El fiscal actuante consideró que "no se visualizan posibles violaciones a los derechos humanos y la causa debe quedar enmarcada en las instituciones de la provincia de Jujuy", detalló la Secretaría.
"Lo único que quería hacer la SDH, como hacemos en otras provincias, era colaborar e instar a que se haga una investigación seria para determinar los responsables de los hechos que hemos verificado durante los días de represión", explicó Pietragalla Corti.
