La profesional médica se acercó este lunes a cumplir con los requerimientos judiciales que rodean su caso y en la oportunidad brindó una rueda de prensa actualizando avances en el caso.
Dos pedidos de sobreseimiento se han negado en la causa como también un pedido de apelación, y en esta oportunidad, bajo la defensa del abogado Oscar Guillén, ingresó el pedido de nulidad.
Guillén resaltó que, pese al pedido de incorporar pruebas, no se les permite agregar al expediente. Entre los nuevos recursos figuran declaraciones vertidas públicamente por el fiscal que lleva la causa, pericias, testimonios de testigos y notas periodísticas. "Para que una impugnación sea aprobada, el trámite se tiene que cumplir (incorporar pruebas) pero no lo permiten desde la Fiscalía", declaró.
La respuesta al pedido de nulidad se espera pueda concretarse esta semana, pero ya se adelantó que si la justicia salteña continúa entorpeciendo irán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "El proceso judicial permite llegar hasta la Corte Suprema de Salta y la respuesta que brinde se puede apelar (…) pero si tenemos que ir ante la Corte Interamericana, iremos", enfatizó el abogado.
Un juez "notorio"
Por segunda vez y en consonancia con las resoluciones judiciales anteriores, el juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, negó el sobreseimiento de Miranda Ruiz, pero esta decisión, lejos está de ser excepcional, sino que también es consonante con otras que desataron polémicas nacionales e internacionales.
Fernando Mariscal Astigueta, juez de Garantías 2 de Tartagal, ya había saltado a la notoriedad pública en 2016 cuando tras un brutal y trágico hecho padecido por una niña de la comunidad wichí, le negó el derecho al aborto y no atendió con eficiencia la causa.
El 28 de noviembre del 2015 Juana, quien en ese momento tenía sólo 12 años, fue encontrada desvanecida en la zona de la triple frontera entre Salta, Bolivia y Paraguay en el paraje Alto La Sierra, a unos 85 kilómetros del municipio de Santa Victoria Este. Había sido brutalmente violada por ocho hombres. Sus padres realizaron la denuncia judicial correspondiente.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, pidió la detención de los acusados mayores de edad, pero al tiempo fueron liberados por falta de pruebas.
La provincia en ese momento contaba con el protocolo 1170 que reglamentaba el acceso al derecho al aborto no punible en casos de violación (Derecho otorgado también por el Código Penal de 1921). Fueron el entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y la Ministra de Derechos Humanos en ese entonces, Pamela Calletti, las caras visibles de la negativa a este derecho elemental.
Ante la repercusión nacional que adquirió el caso por la intervención de distintos colectivos feministas, el juez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo, pidió un Jury de Enjuiciamiento en contra de Mariscal Astigueta y, al poco tiempo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta declaró inadmisible la acusación contra el juez y el fiscal.
