PENAS POR 30 AÑOS

La defensa de Marcos Levín anticipo que apelarán ambas condenas

Frente a las dos sentencias que suman un total de 30 años de prisión para el ex dueño de La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levín, su abogado defensor, Marcelo Arancibia salió al cruce de las afirmaciones dadas en tal sentido, ya que “todavía nada ha quedado firme”.

Sede de los tribunales federales en Salta. Foto: Vía País
Sede de los tribunales federales en Salta. Foto: Vía País

Concluido el debate, el letrado, que también intervino como codefensor de José Antonio Grueso, el ex jefe de personal de la empresa, condenado a la pena de 16 años de prisión, reconoció que la resolución era esperable, máxime después del fallo dado a conocer el miércoles, en el que la Sala III de la Cámara de Casación Penal, confirmó la condena de 12 años de prisión dictada contra Levín el 23 de mayo de 2.016.

“Para ser más preciso vamos a esperar conocer los fundamentos de esta sentencia antes de adelantar los argumentos, pero sí estoy en condiciones de afirmar que vamos a apelar la decisión dada a conocer por la Cámara Federal de Casación, pues no se ajusta a Derecho y es necesaria una revisión, tanto por la Corte Suprema de Justicia como a nivel internacional, por la Corte Interamericana”, aseguró.

Respecto al veredicto, que condenó a su cliente a otros 18 años de prisión, brindó algunas pistas respecto a la disidencia expresa de la jueza Snopek, quien no estaría de acuerdo con la cantidad de años impuestos al empresario, mientras que, sobre Grueso, su votó estaría dirigido a una participación secundaria, con lo cual, para el letrado, existen muchas posibilidades de que el fallo sea revertido.

Recordó que algo similar sucedió en el primer fallo dictado contra su cliente, el que tampoco fue unánime, ya que los jueces Carlos Jiménez Montilla y Federico Díaz votaron por encima de la opinión del tercer integrante del tribunal, el juez Gabriel Casas, sobre cuyo voto en disidencia, luego la Cámara Federal de Casación resolvió anular esa condena por considerar que los delitos imputados no eran de lesa humanidad.

En el primer juicio al empresario un juez votó en disidencia

Gabriel Casas pidió que a Levín se lo condenara como partícipe secundario, una figura que, posiblemente, también sea compartida ahora por la jueza Snopek, por lo que Arancibia no descarta que suceda lo mismo, lo que “sabremos con mayor exactitud el 5 de diciembre próximo, cuando se dé a conocer los fundamentos”.

En sus alegatos, las defensas, Arancibia como abogado de Levín y de Grueso, junto al ex juez de juicio provincial, Roberto Lezcano, y el defensor oficial Federico Petrina, presentaron una argumentada teoría respecto a que los hechos debatidos, en realidad, se trataría de una “vendetta” de los trabajadores por las detenciones registradas entre el 20 y 24 de enero de 1.977.

Sostuvo que la actuación de su cliente fue en preservación de la empresa, pues en una ronda de control, el mismo Levín descubrió a uno de ellos, Ciriaco Justiniano, cuando revendía boletos de la empresa. “Los empleados estaban desguazando la empresa, eso está por demás probado”, dijo Arancibia.

Resaltó por último que la discusión respecto a si los delitos son o no de lesa humanidad, aún no está terminada, ya que “existen sobradas pruebas” de que ninguno de los empleados víctimas tenía representatividad ni les eran conocidas actividades sindicales. En ese sentido, destacó también la labor de sus colegas de la defensa, ya que cada uno expuso acabadamente argumentos y pruebas que no "hacen más que reafirmar la inocencia" de las personas llevadas "injustamente" a juicio.

El papel de Trincavelli

Entre otros argumentos esgrimidos, Arancibia indicó que la actuación procesal del ex juez de instrucción de la justicia provincial, Jorge Alberto Trincavelli, quien luego se desempeñó en la justicia federal como fiscal general, fue un punto que concitó controversia.

Arancibia destacó el accionar del magistrado en el trámite del proceso penal seguido contra los trabajadores de La Veloz del Norte, a partir de la denuncia del empresario. La cuestión surgió debido a que algunos empleados revelaron que el juez estuvo en la comisaría Cuarta y tomó conocimiento de las torturas, pero nada hizo al respecto y sólo se limitó a recibir declaraciones en las que fueron obligados a auto inculparse.

Al respecto, señaló que “se buscó sistemáticamente apuntar” contra el ex juez. Recordó que, entre otras tareas, “muchas veces, los jueces iban a las comisarias a ver que no pase nada, con el riesgo que eso implicaba. Lo hacía, a su vez, para agilizar el sumario, pero de ahí a sostener que el Dr. Trincavelli haya tomado declaraciones, con matones y con pistola en mano, es descabellado. Niego terminante esa escena”.

 

 

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