El Procurador Pedro García Castiella aclaró que ello se debe al dictado de una Resolución de la Procuración General que se sostiene en los Arts. 167 y 168 de la Constitución de la Provincia, más los convenios preexistentes. Señaló también que la medida dispuesta contraviene el convenio rubricado entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración General en 2017, que establece que la elección de los funcionarios de la Policía de la Provincia que se desempeñen en el CIF es facultad exclusiva del Ministerio Público Fiscal.
En este punto, el Procurador fue inflexible al asegurar que "la asignación de Miranda resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones que el Ministerio Público Fiscal se encuentra llevando adelante" y que el Comisario General fue elegido por él para encabezar el proceso de reorganización del Departamento de Investigaciones del CIF, solicitando que no se avance con la medida, y se colabore con la investigación por el bien de la institución policial y de la seguridad de los salteños.
Custodia por amenazas
García Castiella señaló que, debido a las investigaciones de personas relacionadas a la causa, éstas fueron amenazadas, por lo que se solicitó custodia a la Policía Federal Argentina.
"También surge de los primeros avances de la investigación y los elementos hasta ahora reunidos, y por ello la necesidad de avanzar en la misma, la probable existencia de determinados superiores jerárquicos involucrados en la funcionalidad de la organización, tanto en los montos de los dividendos ya percibidos como así también en el aventajado posicionamiento piramidal"- amplió el Procurador respecto de lo que, no se puede dar mayores precisiones para así proteger la reserva y éxito de las investigaciones.
Junto a García Castiella se encontraban los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio; el fiscal Penal, Ramiro Ramos Ossorio; y los auxiliares del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gaspar Solá y Nicolás Montaldi.
