En respuesta a la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa y al pedido del juez Francisco Oyarzú de requerir informes de factibilidad técnica para vigilancia por monitoreo del imputado Cristian Gabriel Palavecino en su domicilio, los fiscales Luján Sodero Calvet, Claudia Carreras, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, miembros de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, han expresado su oposición ante el Juez de Garantías.
La Unidad Fiscal sostuvo que no existen nuevas circunstancias que modifiquen los fundamentos expuestos en el pedido de prisión preventiva formulado el 19 de octubre de 2.023. Al contrario, desde esa fecha se han incorporado nuevos elementos que refuerzan la participación de Palavecino en los hechos imputados, y la sofisticada estructura criminal con la que operaba, así como la validez de los riesgos procesales previamente identificados por el Ministerio Público Fiscal. En una audiencia celebrada el 6 de noviembre de 2.023, la Unidad Fiscal presentó nuevos elementos que incrementan el conocimiento sobre la participación de Palavecino en los hechos, incluyendo audios en los que el imputado reconoce su participación en un violento robo a la empresa Abra de Sol. Esto refuerza la probabilidad de una condena de ejecución efectiva, considerando la gravedad de los delitos imputados.
Carece de arraigo
Se destaca que el imputado carece de arraigo, como se evidencia en su período prófugo, desestimando la afirmación de desconocimiento de ser requerido por la justicia. La Unidad Fiscal subraya además que la prisión preventiva fue dispuesta en otra causa por los mismos riesgos procesales. También se indica la existencia de un peligro actual de entorpecer la investigación, evidenciada en audios y en el material probatorio que surgen de la evidencia digital extraída de los celulares, que dan cuenta de la peligrosidad y la clara intención de Palavecino de influir en miembros de la policía, Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
Respecto al pedido de informes efectuado por parte del juez Oyarzú a la UADME a fin de evaluar la viabilidad técnica de implementar un sistema de vigilancia monitoreado para el imputado, con el objetivo de reemplazar su detención por un eventual arresto domiciliario, la Unidad Fiscal expresó su oposición.
