La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación presentada contra Juan Manuel Motok, su pareja Natividad Carbajal y Ramón Luis Soraire por el delito de transporte agravado por el número de intervinientes.
En el caso de Soraire, y tal como lo requirió el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, en representación de la PROCUNAR NOA, la acusación se formalizó en concurso real con el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La jueza también dio cabida al pedido de prisión preventiva efectuado por la fiscalía respecto a los tres acusados, como así también autorizó el plazo de la investigación penal abierta y la realización de diligencias pendientes, entre ellas la pericia química de la droga y de los teléfonos secuestrados.
Al presentar el caso, el fiscal señaló a Motok como el líder de una organización narcocriminal dedicada al transporte de droga de Salvador Mazza a Tucumán, actividad en la que Carbajal intervenía como su brazo operativo en la obtención y acopio de la droga, mientras que Soraire hacía de transportista.
El principal acusado, según surge de las investigaciones, es hijo de Manuel Motok (fallecido), hermano de Ernesto Motok, alias Manco, quien fue condenado por el transporte de 753 kilos de cocaína secuestrados en la localidad bonaerense de José C. Paz, en 2005.
El fiscal resaltó que el joven ahora imputado ya tiene en su haber una condena de cuatro años de prisión impuesta por la jueza Mónica Mukdsi, de la Sala VI del Tribunal de Juicio de Salta, el 23 de diciembre de 2020 por el delito de comercialización de estupefacientes.
Pese a ello, el imputado no tuvo inconvenientes para seguir con las actividades de narcotráfico desde su celda en la Unidad Carcelaria N°1, del penal de Villa las Rosas. Para ello, contaba con la ayuda de su pareja, quien se encargaba de obtener la droga, procedente de Bolivia.
Como prueba del accionar de los acusados, explicó que la pesquisa se inició a partir de una causa iniciada por la UFINAR, la que investigaba la venta de droga al menudeo de una organización local que, casualmente, era abastecida por Juan Motok.
En vista de ello, y dado el marco de cooperación que ya prima entre ambos organismos, es que la PROCUNAR NOA siguió adelante con tareas de campo e inteligencia, las que permitieron identificar a los imputados e incluso conocer detalles de un importante envío de droga que Motok quería realizar a Tucumán.
Los mensajes con su pareja revelaron los planes de tráfico
La fiscalía dio a conocer a la jueza una serie de diálogos mantenidos entre Motok y su pareja en agosto pasado, en la cual le reclamaba que lleva adelante la operación de tráfico, a lo que Carbajal se negó porque en ese mes no iba a realizar actividades de narcotráfico por las festividades de la virgen de Urkupiña.
Ya en septiembre, la organización comenzó a realizar movimientos para cumplir con el pedido de Motok, por lo que Soraire, quien reside en un barrio de la zona este de esta ciudad, viajó hasta la casa de Carbajal en Salvador Mazza, donde cargó veinte paquetes de cocaína untados con grasa en un tanque de gas, el que estaba acondicionado para esa función.
Bajo la lupa de los investigadores, Soraire, quien conducía un automóvil Fiat Palio, fue detenido en un puesto de control ubicado sobre la ruta 34, a la altura del Río Las Pavas, distante a unos 72 kilómetros de la capital provincial.
Con el control judicial del caso, y la ayuda de un can antinarcótico, personal operativo de la UFINAR descubrió la droga en el tanque de gas, equivalente a un peso total de 20 kilos 800 gramos, siendo detenido Soraire. Al allanar su casa, en tanto, se hallaron 12 envoltorios de cocaína, con un peso aproximado a los dos kilos.
En la vivienda de Carbajal, en tanto, se encontraron restos de la misma grasa con la que fue maquillada la droga hallada en el tanque de gas del auto. Con estas pruebas, y otras más surgidas de las intervenciones telefónicas, el fiscal formalizó la imputación penal.
Preventiva
A su vez, solicitó la prisión preventiva de los tres acusados, lo que fundó en la gravedad del ilícito, el riesgo de fuga y de entorpecimiento, como así también valoró el hecho de que, en caso de recaer condena, la misma no será de ejecución condicional, pues la escala penal para los acusados parte de un mínimo de seis años.
Posteriormente, y dado que los acusados se abstuvieron de prestar declaración, la jueza hizo lugar a todos los pedidos de la fiscalía, pues compartió todos los argumentos esgrimidos a los que sumó la importancia del Estado Nacional de investigar y punir las actividades de narcotráfico, según los compromisos asumidos a través de tratados internacionales en la materia.
