La actividad ilícita se concretaba atento a la cercanía con territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y con el uso de pasos clandestinos.
Los procedimientos incluyeron allanamientos simultáneos -a efectos de ser sorpresivos- e incluyeron barridos en fincas y otras propiedades ubicadas en el límite fronterizo entre Salta y Bolivia.
Cabe resaltar que estos operativos surgieron como resultado de una investigación que la Unidad Fiscal Salta lleva adelante desde hace un año aproximadamente junto a la Dirección Regional de Aduanas.
En tal sentido, es que el jueves último, con la intervención de la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, quien autorizó los allanamientos, se desplegaron más de 100 efectivos de Gendarmería Nacional, en su mayoría pertenecientes a unidades y divisiones que no pertenecen a la zona donde se practicaron los procedimientos.
Como resultado de estas diligencias, supervisadas por la auxiliar fiscal Roxana Gual, se secuestró gran cantidad de dinero, maquinaria agrícola, vehículos y, en especial, mercadería y granos.
Para los investigadores, el accionar descubierto da cuenta de que la organización delictiva desbaratada actuaba a modo de una aduana paralela, modalidad que se torna frecuente en propiedades colindantes con la frontera.
Audiencias de imputación
Respecto a otros detalles de las medidas realizadas, el fiscal general Eduardo Villalba, se excusó de profundizar detalles, aunque señaló que hay imputados identificados, quienes en los próximos días serán citados a fin de hacerle conocer la acusación penal.
Dos mochileros a la cárcel por transportar seis kilos de droga
Una pareja recibió una condena de 4 años de prisión por transportar seis kilos y medio de cocaína en mochilas.
En el marco de un juicio abreviado aceptaron su responsabilidad en el ingreso de la droga a través de un paso no habilitado en la frontera con destino a Profesor Salvador Mazza. Allí fueron capturados cuando iban a abordar un remís.
A instancia del fiscal federal a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, José Luis Bruno, el juez federal de Revisión de Salta, Santiago French, condenó a María Elena Gutiérrez y a Ismael Ferrari a la pena de cuatro años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes.
La sentencia fue dictada el 28 de marzo pasado en el marco de un acuerdo de juicio abreviado al que la fiscalía arribó con la defensa del acusado y la acusada, a quienes también se les impuso el pago de una multa y se les decomisó un teléfono celular.
Al presentar el caso, en cuya investigación penal intervinieron el prosecretario Carlos Vaca y el auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia, el fiscal señaló que los acusados fueron detenidos el 25 de noviembre del año pasado, a la altura de un hotel en la localidad fronteriza de Profesor Salvador Mazza.
Refirió que, previamente, Gutiérrez y Ferrari habían sido observados en una zona de esa ciudad conocida como “Sector Tres”, colindante con el Estado Plurinacional de Bolivia, cuando transitaban de manera separada y cargaban, cada uno, una mochila.
El fiscal explicó que efectivos de la Gendarmería Nacional pertenecientes al Escuadrón de Salvador Mazza disimuladamente los siguieron hasta que llegaron a las puertas de un hotel de esa ciudad situado sobre la calle San Martín.
Añadió que, en el lugar, en el que ya se mostraban como conocidos, hicieron señas a un remís y que la patrulla de gendarmes que los seguía tomó intervención y detuvo el vehículo, al cual la pareja había subido para iniciar un viaje.
Intento de huída y detención
El fiscal relató que, ante la voz de alto de los gendarmes, Ferrari bajó raudamente para darse a la fuga, pero al verse rodeado sostuvo que se dedicaba al trabajo de bagayero. Con control judicial, los efectivos requisaron las mochilas que portaban los integrantes de la pareja.
Describió que, en el interior de las mochilas, hallaron siete paquetes de cocaína, cuyo peso total ascendió a seis kilos y medio.
A prisión 4 años por abusar de la hija de su pareja
Un hombre de 42 años recibió una condena de 4 años de prisión efectiva por ser autor del delito de abuso sexual simple en forma continuada agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente.
El juez de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Javier Aranibar dictó la condena y el sujeto continuará en libertad hasta tanto se encuentre firme la sentencia. Deberá dar cumplimiento con las siguientes restricciones: fijar domicilio en esta ciudad y comunicar cualquier cambio que realice, y no ausentarse de la misma sin previa autorización judicial. Deberá concurrir una vez por semana al Tribunal. Tendrá prohibido acercarse a la víctima y a su grupo familiar y no podrá ejercer actos de violencia psicológica y física por cualquier medio, en contra de la víctima y todo su grupo familiar. También se le extraerá material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigación Fiscal (CIF), para ser inscripto en el Banco de Datos correspondiente.
La víctima, que actualmente tiene 26 años, contó durante la audiencia de debate que su madre inició una relación sentimental con el acusado desde que ella tenía 7 años. Agregó que el problema comenzó cuando ella fue desarrollándose. Él echaba a sus amigos, en la escuela no dejaba que ninguno se acerque. A eso se sumó que se había quedado sin trabajo, y que su mamá trabajaba de 8 a 10 y de 14 a 18. Cuando ella tenía 11 o 12 años el acusado empezó a meterse en su habitación cuando su mamá se iba y ella quedaba al cuidado de él.
Piden casación por condenas
Dos individuos fueron condenados el pasado mes de marzo, a cumplir 2 años y 6 meses de prisión efectiva y pagar una multa por el delito de comercializar estupefacientes. El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra había solicitado una pena de 8 años de prisión durante los alegatos. Esto motivó que el fiscal interpusiera recurso de casación ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito judicial del Sur, tras conocer los fundamentos de la sentencia dictada el pasado 17 de marzo, en la que Jorge Emilio Ruiz y Luis Fernando Saha Dietrich fueron condenados como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Se considera un fallo leve atento al grave delito
En el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal integrado por los jueces Carolina Poma Salvadores, Sebastián Fucho y Ramón Haddad, el fiscal penal López Ibarra, analiza pormenorizadamente la fundamentación del fallo y considera que la sanción impuesta es baja en relación a un delito que constituye un grave perjuicio para la salud pública. En el petitorio, solicita que se deje sin efecto la declaración de inconstitucionalidad de la pena mínima consignada en la norma del artículo 5° de la Ley N° 23.737 del C.P. y como lógica consecuencia modificar su punto II) imponiendo a los condenados la pena de 8 años de prisión
