La Sala 7 del Tribunal de Juicio condenó a Marcos Andrés Contreras, Fredy Rearte Sansón y Viviana Simona Arias por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y a Manuel Rolando Rearte por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego de uso civil.
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio en el que Manuel Rolando Rearte fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión; Viviana Simona Arias a tres años y dos meses por ser partícipe necesaria del delito; a Fredy Rearte Sansón a cuatro años y dos meses como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y a Marcos Andrés Contreras a dos años y ocho meses, por ser partícipe secundario.
Fredy Rearte, Manuel Rearte y Viviana Arias y fueron declarados reincidentes, por primera, segunda y tercera vez, respectivamente.
La causa
La UFINAR inició una investigación en noviembre de 2021 a raíz de una denuncia anónima que señalaba que un hombre vendía sustancias prohibidas en un domicilio del macrocentro salteño.
Personal de la UFINAR y de la Policía de la Provincia identificaron la vivienda en 12 de Octubre y Pasaje Saravia, en donde funciona una verdulería, y al hombre, como Fredy Rearte Sansón; registrando en distintas oportunidades el intercambio de dinero por “paquetitos” con personas que llegaban hasta el lugar.
Entre las visitas al domicilio, los agentes observaron una camioneta Peugeot en la que se encontraban Manuel Rolando Rearte y Viviana Arias, padres de Rearte Sansón, ambos con antecedentes por infracción a la ley 23.737, y registraron el momento en que la mujer intercambiaba, desde su posición de acompañante del vehículo, dinero por paquetitos con cinco individuos. Similar situación se dio con el conductor.
A comienzos de diciembre, los investigadores tomaron conocimiento, a través de entrevistas con vecinos, de que el hombre y sus padres sospechaban que estaban siendo investigados, por lo que cerraron la verdulería y se trasladaron al barrio Tres Cerritos.
Para reparar el daño causado hizo entrega de su moto y un celular
La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, condenó en juicio abreviado a Jonatan Rodrigo Molina, de 31 años por ser autor del delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por ser cometido en poblado y en banda, y le impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Durante el tiempo de la condena deberá fijar domicilio e informar cualquier cambio. No podrá acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o lugares que frecuente, en un radio de doscientos metros. Tendrá prohibido salir de la Provincia sin autorización judicial y no podrá ingerir bebidas alcohólicas ni consumir sustancias estupefacientes. Finalmente deberá someterse al control del patronato de presos y liberados.
En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta podría dejarse sin efecto la condicionalidad de la pena, que sería de cumplimiento efectivo. Finalizada la audiencia recuperó su libertad.
En el fallo, la jueza tuvo presente el ofrecimiento de reparación del daño, consistente en la entrega de una moto y un teléfono celular a la víctima, lo que se hizo efectivo en ese momento.
El 11 de enero pasado, el denunciante, oriundo de Tartagal, viajó a Salta para encontrarse con una tal “Jony”, a quien conoció en su ciudad de origen. Agregó que se desempeña como prestamista y que había pactado el encuentro con el acusado vía telefónica.
“Jony” lo esperaba junto a otro hombre a bordo de su motocicleta en calle Obispo Victoria. Cuando el denunciante llegó le dijo que estaba alquilando cerca de allí, por lo que se dirigieron a un domicilio de esa cuadra. En ese momento se presentaron otros dos sujetos, uno sacó un revólver y lo apuntó, amenazándolo para que le dé la plata, un total de cien mil pesos, y el teléfono. Luego se dieron a la fuga por avenida Costanera con márgenes del Río Arenales, dejando en el lugar del hecho la motocicleta.
De las investigaciones surgió que el vehículo se encontraba a nombre de Jonatan Rodrigo Molina. Horas más tarde, el mismo Molina alertó al Sistema de Emergencias 911 diciendo que le habían robado su motocicleta. Ante ello le comunicaron que se encontraba en la dependencia policial por lo que tenía que concurrir con los papeles para retirarla.
