Este fallo cerró una carrera iniciada el 1 de febrero de 2018, cuando fue posicionada en su puesto.
Previo a la deliberación del veredicto, Rosa Fabiola Díaz, que durante los alegatos mantuvo un rostro impávido, recién reaccionó en su última oportunidad de hablar antes del fallo. Esos minutos los utilizó para tildar las acusaciones de “falsas”, a la vez que adujo que todo el montaje en su contra respondió a un enfrentamiento familiar, en clara alusión a la denuncia de su hermana mayor Sandra Díaz.
Rechazó una vez más las imputaciones y aclaró que el cargo no se lo ganó por acomodo político como su hermana mayor adujo. Tras escuchar a la funcionaria, el presidente del Jurado, y actual presidente de la Corte de Justicia Guillermo Catalano, clausuraron el debate y junto a los otros miembros del Jury se retiraron a deliberar.
Pasada las 14, el Jurado regresó al salón del Tribunal Electoral para dar lectura al veredicto, lo que fue prácticamente un trámite, pues nadie en la sala imaginaba otro fallo que no fuera la destitución de la defensora, pues no solo las acusaciones eran de peso sino también fueron confirmadas por varios testigos.
Al leer el veredicto, quedó claro que la destitución se dictó por considerar que Díaz incurrió en mala conducta, mal desempeño y falta al cumplimiento de sus deberes como defensora, acusaciones por las que fue llevada a juicio en razón de dos denuncias.
Una de ellas fue realizada por el Defensor General de la Provincia Pedro García Castiella, quien expuso en su acusación un total estado de abandono de la defensoría de Tartagal y una absoluta negligencia de la defensora en su cargo.
La otra denuncia, interpuesta por el procurador por la venta de donaciones que la defensora y una hermana, Paola Díaz, habían recibido y que estaban destinadas a comunidades originarias de la ciudad de Tartagal y zonas aledañas.
Reanudado el Jury, Catalano dio paso enseguida a los alegatos, oportunidad en la que Abel Cornejo ratificó las imputaciones en contra de la defensora. Previo a desmenuzar cada uno de los casos, destacó el hecho de que la Defensoría y la Procuración vayan juntas en la acusación.
Posteriormente, Cornejo afirmó que las pruebas presentadas contra Díaz no fueron refutadas, validó tanto las afirmaciones de Sandra Díaz como la grave situación expuesta por García Castiella respecto a la falencia detectada en una auditoría interna realizada en la defensoría de Tartagal.
Para Cornejo, la situación de abandono y la inacción que los testigos expusieron, constituyeron elementos de prueba contundentes en contra de Díaz, a quien apuntó como principal responsable de la grave situación de ausencia de justicia sufrida por numerosos vecinos de Tartagal y localidades adyacentes, cuyas peticiones nunca fueron atendidas por la acusada. Resaltó, a su vez, la enorme tarea llevada adelante por el Defensor General en busca de revertir la situación de abandono en que había caído la defensoría. En ese contexto, recordó el armario dispuesto por Díaz para ocultar allí numerosos expedientes, a los cuales, más allá de haberlos heredado, nunca les dio trámite alguno, pese a que había sido posicionada en el cargo para brindar soluciones.
La defensa de la acusada en una misión prácticamente imposible
A su turno, los abogados Arancibia y Rubinovich trataron de desacreditar las acusaciones en contra de la defensora oficial; sin embargo, y pese a los esforzados argumentos expuestos, sus alegatos no alcanzaron para revertir la situación de la funcionaria judicial.
En primer término, Arancibia señaló que la acusación principal, por la supuesta venta de donaciones, surgió de una denuncia que no pudo ser acreditada y que provino de un enfrentamiento familiar, cuyos motivos no tienen nada que ver con las funciones de Díaz y su labor dentro de la defensoría. Sostuvo que los dichos de la hermana mayor de la acusada fueron falaces y que tampoco se pudieron comprobar que fueran ciertos, como así también indicó que, respecto a las acusaciones de abandono y otras negligencias dentro de la defensoría a cargo de su clienta, éstas no siempre son responsabilidad del titular, pues la defensoría está integrada de varios funcionarios y empleados. Por su parte, su colega, en otro denodado esfuerzo, se refirió a lo manifestado por los testigos y la prueba presentada por el órgano acusador, para finalmente ser la propia defensora la que selló los argumentos defensivos, al ratificar que su situación se debió a un mero enfrentamiento familiar y a una situación de abandono heredada.
La argumentación defensiva, si bien prolija y con argumentos técnicos y jurisprudencia de fondo, no alcanzó para darle a la defensora siquiera alguna chance que el Jurado, al momento de deliberar, tuviera que analizar y considerar antes de tomar la medida más drástica, como la destitución.
Previo a conocer el veredicto, fuentes judiciales ya adelantaban el peor final para Díaz, pues no muchos consideraron a la funcionaria como “indefendible”, lamentándose la situación debido a la juventud de la defensora, a quien seguramente le esperan otra andanada de acusaciones penales, pues en su fallo el Jurado ordenó que varias actuaciones sean remitidas al fiscal penal en turno ante la posible comisión de distintos delitos.
El fallo fue unánime. El tribunal fue encabezado por Catalano junto al juez de Corte Horacio José Aguilar, el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina, el Senador Jorge Pablo Soto, entre otros.
