También fue denunciado por la venta de una camioneta que no era de su propiedad.
El sujeto resultó condenado en un procedimiento abreviado llevado a cabo en la Sala II del Tribunal de Juicio, presidido por el juez Eduardo Sángari.
Se le impuso la pena de tres años de prisión condicional como autor de los delitos de estafas reiteradas (seis hechos), falsedad de instrumento público (un hecho) y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos), en concurso real.
El juez dispuso que el imputado continúe en libertad por la modalidad de la pena dictada y le fijó reglas de conducta que deberá cumplir durante tres años. Entre ellas, figura la obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier cambio en un plazo de 48 horas; prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de las víctimas y de ejercer actos de violencia física o verbal en su contra; mantener una actividad laboral lícita y de acuerdo a sus capacidades.
El juez admitió en concepto de reparación del daño causado el pago de montos específicos de dinero – en dólares- a cada uno de los damnificados.
El sujeto les decía a las víctimas que trabajaba en el Grand Bourg o en el Hospital San Bernardo y que era mano derecha del gobernador. Se ofrecía para gestionarles la entrega de una casa del IPV a través de sus contactos y les solicitaba diferentes montos de dinero para agilizar el trámite (pago de sellados y otras instancias burocráticas). En algunos casos les entregó a los damnificados documentos de la UOCRA garantizando que la adjudicación de las casas se iba hacer a través de ese gremio.
El hombre también fue denunciado por un conocido que le entregó una camioneta para que trabajara ya que lo consideraba una persona de confianza. En ese momento el acusado se encontraba desempleado y el damnificado le prestó el vehículo para ayudarlo a salir de su difícil situación.
