Asimismo, hizo un llamado a que todos los jueces y magistrados en general, incluidos fiscales y demás funcionarios que estén a la altura de estos desafíos, en defensa de la paz social, el cumplimiento de los juramentos al asumir sus cargos y el papel fundamental que la justicia debe desempeñar en la preservación de la paz social y el funcionamiento de las instituciones. “Aquellos que no estén a la altura deberían pensar en otra actividad”, afirmó.
El norte de la provincia, según el Procurador Pedro García Castiella, enfrenta numerosas investigaciones que involucran mexicanadas y sicariatos, incluida la causa “Abra El Sol”, destacando la figura de un fugitivo de alto perfil conocido como “Gringo Palavecino”, considerado la persona más buscada en la región. Además, mencionó un caso de corrupción institucional donde cuatro policías están detenidos por presuntamente negociar sobornos a cambio de frustrar procedimientos ordenados por la Fiscalía. La fiscal Mariana Torres lleva adelante esta investigación, que destacó, “ha revelado un nivel más grave de participación de ocho efectivos dependientes de las fuerzas de seguridad provincial en actos de cohecho y entrega o aviso previo de procedimientos a investigados para facilitar su frustración”.
Advertencia a una abogada
A preguntas del periodismo, el Procurador cuestionó duramente las manifestaciones de una abogada que invoca la defensa de José Dimas Ruiz, detenido con prisión preventiva por haber presuntamente operado como “entregador” en el robo a la empresa “Abra EL Sol”, la que en una entrevista radial pusiera en duda la real existencia de los $60.000.000, advirtiendo a la vez que el accionar de dicha letrada, además de pretender investigar a una víctima que sufriera además del despojo patrimonial, una feroz golpiza en su humanidad, está poniendo en riesgo una investigación iniciada hace más de tres meses por corrupción institucional, respaldando con contundencia el Procurador la labor que lleva a cabo la mencionada fiscal junto al Jefe de la Brigada de Investigaciones de la zona, que fueran objeto de la embestida verborrágica de esta letrada.
El crimen organizado
García Castiella alertó respecto del incremento de la violencia y el trabajo en los niveles de bandas de crimen sofisticadamente organizado que operan en la región norte de la provincia de Salta, y en particular de Orán, alentando la necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Comunicó también que solicitó al Ministerio de Seguridad la asignación de custodia para su persona, y el refuerzo de la custodia del edificio de la Procuración General. Hizo mención a dos investigaciones en curso. Informó sobre su presentación ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en relación con Edgardo Laurenci, Juez del Tribunal de Juicio Sala 1 Orán, que lleva adelante el Juicio a los hermanos Delfín y Raúl Castedo, por mal desempeño, negligencia e impericia en la fuga del sicario Lino Moreno.
Destacó que, “desde 2.016, existe un convenio entre la Corte de Justicia y las fuerzas de seguridad para agilizar la comunicación en situaciones de emergencia, conocido como SIFCOP en donde debiera haberse asentado de inmediato la orden de búsqueda y restricción de salida”.
Antecedentes del prófugo Lino Moreno
En cuanto al Jury de Enjuiciamiento a Edgardo Laurenci, el Procurador se remontó en primer lugar a los antecedentes de Lino Ademar Moreno, quien tenía condenas previas en los años 2.002 y 2.003. En 2.006, Moreno fue detenido por el asesinato de la productora rural, Liliana Ledesma, siendo identificado como el autor material del crimen junto a Gabriela Aparicio, hermana del ex diputado Ernesto Aparicio; Aníbal Tárraga, pareja de la primera, “Nene Torres, capataz, y Graciela Guerra, pareja de Moreno. El caso llegó a juicio en 2.010, y Moreno recibió una condena de prisión efectiva.
Relató la cronología de los eventos, señalando que el juez Laurenci otorgó a Moreno el beneficio de varias salidas transitorias, a pesar de las objeciones surgidas desde algunos operadores del Servicio Penitenciario y la misma Fiscal Claudia Carreras.
En este sentido, el procurador García Castiella destacó que la imputación al juez Laurenci no se centró en el hecho en sí de que haya otorgado beneficios a un condenado a prisión efectiva, ya que la Ley 24.670 sobre la ejecución penal si bien lo impedía, en 2.015, la Corte de Justicia con voto de los Dres. Abel Cornejo, Samsón, Díaz y Vittar, declaró la inconstitucionalidad de este impedimento, habilitando así la procedibilidad, bajo ciertas condiciones y con los informes favorables correspondientes, la concesión de beneficios a los condenados a prisión efectiva.
El Procurador destacó que la acusación contra el juez Laurenci se basó en su “negligencia, impericia y falta de cumplimiento de sus deberes al retrasar la emisión de la orden de captura durante 53 días, lo que tuvo un impacto significativo en la búsqueda y detención de Lino Ademar Moreno”.
