La Unidad Fiscal a cargo de la investigación, integrada por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Santiago López Soto, informaron que se amplió la imputación para 8 mujeres y 11 hombres que ya se encontraban involucrados en la causa, por la presunta comisión del delito de asociación ilícita en calidad de miembros.
En la investigación se sostiene que la evidencia presentada sugiere una posible conexión entre los acusados, indicativa de una organización narcocriminal y de corrupción de funcionarios públicos.
A través del análisis de cuentas bancarias, intervenciones telefónicas, vigilancia, filmaciones y fotografías de las actividades de los acusados, se determinó que estos formaron una empresa delictiva altamente organizada, con una planificación detallada y una clara división de tareas entre sus miembros para llevar a cabo las diferentes etapas de su actividad ilegal.
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La Unidad Fiscal se encuentra realizando las audiencias de ampliación de imputación desde el pasado 17 de abril y está previsto que se extiendan hasta el próximo 24 de abril.
Hay 20 personas imputadas en la causa, la mitad son funcionarios del servicio penitenciario de distintas jerarquías que facilitaban el ingreso de droga a cambio de dinero que transferían familiares de presos.
