El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por la jueza Marta Liliana Snopek (presidenta), María Alejandra Cataldi y Abelargo Jorge Basbus, condenaron ayer al ex propietario de la empresa La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levin, a la pena de 18 años de prisión.
La pena se impuso por considerarlo coautor del delito de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar el uso de violencia y amenazas, en concurso real con imposición de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidas políticas; todo ello en perjuicio de 16 trabajadores de la empresa que dirigía el empresario, en enero del año 1.977, cuando ocurrieron los hechos.
Por otra parte, y por los mismos delitos, fueron condenados José Antonio Grueso, ex jefe de personal de la empresa y el ex comisario de la ex seccional Cuarta de la Policía de Salta, Víctor Almirón, a quienes les impuso penas de 16 años de prisión.
En el caso de Grueso, la pena impuesta fue por ser considerado partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravado por mediar violencia y amenazas, en perjuicio de otros 16 empleados, hechos que concurren en forma real con el de imposición de tormentos contra 17 víctimas, agravado por tratarse de perseguidos políticos.
Principales responsables
En cuanto a Almirón, el tribunal también lo encontró partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas. En la lectura del veredicto, se hizo expresa mención al voto en disidencia de la jueza Snopek, respecto al grado de participación de los tres acusados y al monto de las penas, aunque no se precisó los fundamentos, los que recién se darán a conocer el próximo 5 de diciembre. A lo largo de todo el mes, se desarrollaron extensas audiencias, en las que varios ex empleados de la empresa, sobrevinientes de las torturas y tormentos sufridos, contaron en detalles los hechos vividos en la ex comisaría Cuarta, circunstancias en que todos señalaron a Levin y Grueso como los principales responsables.
Deberá cumplir 30 años
El tribunal también confirmó los hechos juzgados como delitos de lesa humanidad, tal como lo hizo anteayer la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, quienes validaron así la condena de 12 años de prisión que ya le había sido impuesta a Levin el 23 de mayo de 2.016 por los mismos delitos, pero en perjuicio de Víctor Cobos, empleado de la firma y a la vez delegado gremial, en representación de la Unión de Trabajadores del Automotor.
Sumadas ambas penas, el empresario deberá cumplir ahora 30 años de prisión, tanto por los delitos cometidos contra el sindicalista, como en perjuicio de otros 16 empleados de su empresa, a quienes hizo detener entre el 20 y 24 de enero de 1.977, en connivencia con el aparato represivo imperante en la última dictadura.
La fiscalía fundó un pedido de penas de 25 años para Levin y 23 para Grueso y Almirón por considerarlos culpables de los delitos por los que llegaron a juicio.
En su alegato, el fiscal Amad ratificó las imputaciones a los tres acusados. Refirió que las detenciones ilegales de los empleados se realizaron, tanto en la provincia de Salta, como en Tucumán por parte de efectivos de la ex comisaría Cuarta, en ese entonces (enero de 1.977) a cargo de Almirón. Precisó que se detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa.
Para la fiscalía, quedó acreditado con certeza "el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado", en este caso representado por Levin, quien era el dueño de una de las empresas de transporte más importante del país.
