Allí, manifestaron la necesidad de una convocatoria del Gobierno Nacional, para poder efectuar un abordaje integral de temas de drogas y definir políticas de Estado que marquen un camino hacia la convivencia pacífica, asegurando la prevención, control y punición de los delitos, especialmente los vinculados al narcotráfico y las infracciones penales colaterales. Destacaron que “las organizaciones han intentado mostrar en la agenda nacional la situación de algunas provincias argentinas con respecto al avance de la distribución de drogas en sus territorios. El federalismo, afirmaron, es una herramienta para facilitar la persecución penal, no un obstáculo”.
Por otra parte, entienden que es necesario establecer mapas del delito, enfocar con precisión la acción policial, fortalecer la presencia del Estado y evitar la ocupación territorial por parte de los narcotraficantes en barrios y zonas propicias para el desarrollo clandestino de organizaciones criminales. También marcaron la importancia de combatir al flagelo del narcotráfico y el narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad, “por tanto enfrentarlo de manera global, mediante la implementación de políticas de Estado que sean generales, fuertes y sustentables”.
Finalmente entendieron que es necesario “un diálogo efectivo entre los Ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación, los poderes ejecutivos de la Provincias adheridas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definiendo los aportes económicos cruciales para la investigación”.
Por Salta estuvo presente el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella.
