Esto ocurrió inmediatamente después del anuncio del presidente Alberto Fernández de su envío al Congreso.
El presidente Alberto Fernández afirmó, al anunciar el envío al Congreso de ambos proyectos, en un mensaje que se difundió a través de las redes sociales, que "es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo".
Ambos proyectos, que buscan garantizar el cuidado integral de las personas gestantes durante el embarazo y legalizar el aborto para aquellas que quieran no continuar con el mismo, habían sido un compromiso de gestión, que formaron parte de su primer discurso ante el Congreso Nacional en marzo pasado, antes que llegara la pandemia de coronavirus.
"He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo, instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida", explicó el presidente durante el anuncio.
Así, a partir de ahora la Cámara de Diputados se prepara para debatir la legalización del aborto, un proyecto que desembarca por novena vez en el Congreso Nacional, esta vez impulsada por el Gobierno y luego de años de idas y vueltas legislativas que no lograron modificar el encuadre legal de la interrupción del embarazo, establecido en 1921 en el Código Penal.
Sesión maratónica
Al cierre de esta edición continuaba tratándose en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley presentado por el presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, que crea un aporte solidario, extraordinario y por única vez para morigerar los efectos de la pandemia del Covid-19.
Entre los puntos principales el aporte será "con carácter de emergencia" y por única vez, y recaerá sobre personas humanas residentes en el país con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, incluyendo bienes en el país y en el exterior. También quedarán alcanzados los residentes en el exterior por sus bienes en el país. Del mismo modo, deberán pagar el aporte las personas de nacionalidad argentina que tengan domicilio en paraísos fiscales (definidos como "jurisdicciones no cooperantes" o "jurisdicciones de baja o nula tributación").
