Estas palabras, utilizó al contestar la carta que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le entregó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, tras una entrevista que el mandatario brindó el miércoles y que tuviera amplia repercusión por lo “desacertado” de algunas expresiones vertidas sobre el fiscal Diego Luciani.
Eduardo Casal había considerado una "perturbación" las expresiones que el jefe de Estado formuló sobre la actuación del fiscal Diego Luciani en el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2.003 y 2.015, y que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En una misiva, Alberto Fernández se dirigió a Casal, procurador interino, y señaló que en aquella entrevista hizo referencia "a la existencia de una 'persecución judicial y mediática' contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner".
"Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso", aclaró el Presidente.
Para el mandatario, "lejos de importar un 'menoscabo' a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso", sus declaraciones "constituyen una expresión de lo que observa una gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos, que a las normas vigentes, y que esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir a argentinos y argentinas".
Y remitió que "el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial, quienes también están sometidos al escrutinio público en una sociedad democrática, y cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria para actuar".
El mandatario subrayó que "en todos estos casos es imprescindible que los procesos sean transparentes y que los funcionarios y magistrados intervinientes no se encuentren bajo sospecha de actuar movidos por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad".
Y amplió: "Esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la justicia federal e incluso del propio Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos, tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la justicia con intereses políticos y/o fácticos".
