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REPUDIO AL GOBIERNO DE MORALES

En Jujuy marcharon contra la "criminalización de la protesta"

Organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales, marcharon este miércoles en Jujuy contra la criminalización de la protesta social, que adjudican al Gobierno de Gerardo Morales, y en demanda del cierre de todas las causas judiciales abiertas contra militantes y dirigentes.

Es la segunda movilización convocada por decenas de organizaciones en estas semanas.
Es la segunda movilización convocada por decenas de organizaciones en estas semanas.

Además, las organizaciones encuadraron su protesta en las demandas contra el "ajuste" planteadas a nivel nacional por Unidad Piquetera, que tuvo como epicentro una movilización a Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires.

En Jujuy, en tanto, la actividad tiene como principal foco la "criminalización de la protesta social", luego de que el Ministerio Público de la Acusación inició de oficio una causa por extorsión contra las agrupaciones populares con allanamientos en los domicilios de varios dirigentes y sedes de las entidades.

"Tienen la pretensión de quebrar al movimiento obrero y al de los desocupados sobre la base de la represión y la criminalización que lleva adelante la dictadura de (gobernador Gerardo) Morales", expresó el dirigente del Partido Obrero y Frente de Izquierda Claudio del Plá, quien participó de la protesta por calles céntricas.

La marcha comenzó su recorrido por inmediaciones del estadio del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy y culminó en la plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno, donde se realizó un acto.

"Hoy tenemos un gran paro nacional de la docencia que es contra la criminalización, pero también por las reivindicaciones y contra el ajuste", afirmó del Plá y añadió que "lo que demanda claramente esta movilización y el paro de la docencia es un paro nacional y un plan de lucha para quebrar el ajuste; con esas banderas venimos a Jujuy".

El lunes pasado, un grupo de dirigentes sociales, sindicales y políticos de Jujuy presentaron ante la Justicia jujeña un pedido de "hábeas corpus" para que el sistema judicial y organismos del Estado provincial respeten las "libertades democráticas" y cese "la persecución ante cada manifestación de protesta".

Se trata de un documento colectivo que cuenta con la adhesión de 25 activistas, los cuales fueron detenidos, tienen causas penales y fueron víctimas -según la denuncia- de "espionajes ilegales" por encabezar protestas sociales contra el gobierno de Gerardo Morales.

"Entendemos que hay cuestiones que vienen pasando y manejando con muchas irregularidades como ha pasado con los armados de causas en perjuicio de compañeras de otras organizaciones o la detención en marzo y abril de otros compañeros", le dijo a Télam Gonzalo Maurín, referente Nuestramérica Movimiento Popular de Jujuy.

En particular, hizo referencia a la investigación que lleva adelante el fiscal Diego Funes contra distintas organizaciones sociales y sus dirigentes de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá y Calilegua, cuyas sedes y domicilios, 16 en total, donde funcionan algunos merenderos, fueron allanados de forma simultánea el 6 de julio pasado por efectivos de la Policía de la provincia.

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