"Ruiz es médica generalista en Tartagal, Salta, y grupos antiderechos, en complicidad con el poder judicial de la provincia, armaron una causa para intentar disciplinar a quienes garantizan el acceso al aborto seguro", subrayó la organización que integra la dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Talcahuano y Tucumán después de las 17, destacaron que el "aborto es claramente un problema de salud pública y justicia social y es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras de la salud hacernos cargo de garantizarlo en las condiciones adecuadas".
Advirtieron que esos grupos "en complicidad con el poder judicial de la provincia, armaron una causa para disciplinar a quienes garantizamos el acceso al aborto seguro".
Garantizar derechos
"Garantizar derechos no es delito", sostuvieron y alertaron que para "impedir el cumplimiento de la ley 27.610, disciplinar y desinformar, imputan a Miranda".
Ante la prensa, observaron que "este hecho es un gravísimo atentado no sólo contra ella, sino también contra los derechos humanos y los derechos sexuales de las personas y atenta contra las leyes vigentes".
Recordaron que el "hecho por la cual se la acusa se enmarca en la atención realizada desde el consultorio donde Miranda junto al equipo de salud, atendieron a una paciente que requirió una interrupción legal del embarazo".
"El hospital de Tartagal avala esta práctica y fomenta que sus profesionales brinden acceso a la misma", remarcaron y añadieron que continúan "luchando para que la ley de educación sexual integral se implemente en todas las instituciones educativas".
Cabe recordar que La médica fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una interrupción legal del embarazo el 24 de agosto pasado, en el hospital Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional. El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia.
