Así lo señaló Gustavo Weiss, presidente de la entidad que agrupa a las empresas del sector, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
Weiss, en declaraciones a Ámbito, afirmó: "existen tipos de obra en que la iniciativa y el financiamiento privado es posible y deseable". Sin embargo, advirtió que "esos contratos de inversión privada no significaron más del 17% de la inversión total en infraestructura en el mundo: es decir el 83% fue inversión pública en infraestructura pública".
El sector viene atravesando dificultades, por un lado, por la caída de la actividad, la demora en los pagos de obras públicas y, a esta situación, se sumaron las declaraciones de Javier Milei respecto a suspender la obra pública. "Estimamos que existen 3.500 contratos vigentes, que son realizados por alrededor de 1.300 empresas, la mayoría PyMEs de todo el país, que ocupan más de 200.000 empleos registrados directos", explica Weiss.
Esperan poder conversar con las nuevas autoridades y que se respeten los contratos vigentes.
Pregunta: Los últimos datos oficiales, correspondientes a septiembre, señalan que la actividad del sector de la construcción acumula una caída de 2,9% con relación al año pasado. ¿En qué situación se encuentran en la actualidad?
Gustavo Weiss: No disponemos aún de datos oficiales, pero información de nuestros asociados y datos de consumo de materiales en octubre señalan que el nivel de actividad está descendiendo sensiblemente. Esto se agravó en la última semana, ante declaraciones del presidente Electo sobre cambios sustanciales en la futura política de inversión en obra pública.
Hay un descenso del nivel de actividad en las empresas
P.: De las empresas dedicadas a la obra pública mayoritariamente, el 57,4% opinaba que el nivel de actividad disminuirá durante el período octubre-diciembre de 2.023. ¿Cómo es la situación presente?
G.W.: Si fueran consultadas hoy, luego de las citadas declaraciones del presidente electo, seguramente contestarían que el nivel de actividad descenderá abruptamente, desde este mismo mes, pues debe considerarse que la obra pública ejecutada hoy es cobrada dentro de 2 o 3 meses, cuando ‘no habrá plata’ para pagarla, por lo que el empresario tratará de minimizar el perjuicio de haber erogado, para trabajar, ahora, y no recuperar esos montos en los próximos meses.
P.: ¿A cuánto asciende la deuda del Estado con los contratistas?
G.W.: Es difícil conocer el dato total. A nivel nacional se conoce que existe deuda devengada (es decir, contabilizada luego de ser inspeccionada y aprobada) e impaga de $160.000 millones. Se estima que existen trabajos realizados en curso de medición, y/o obligaciones en trámite y en curso de aprobación por un monto similar
P.: El presidente electo manifestó que las obras públicas ‘van a tener que ser hechas por iniciativas privadas’ y las obras públicas que ya están comenzadas serán licitadas nuevamente ‘para que las haga en sector privado’.
G.W.: Existen tipos de obra en que la iniciativa y el financiamiento privado es posible y deseable, pues acelera la provisión de los servicios de infraestructura que el país necesita para crecer y para dar servicios a la comunidad.
El modelo chileno
P: ¿Qué opinión le merece el modelo chileno de concesión de la obra pública? ¿Es aplicable en la Argentina?
G.W.: El modelo chileno de concesión de obra pública es aplicable en Argentina a los proyectos que sean pagables por el usuario. Argentina ya usó ese modelo antes que Chile. Podrá reintentarse cuando las condiciones macroeconómicas e institucionales se acerquen a las de Chile.
El modelo chileno de PFI, obras pagadas por el Estado en forma diferida, podrá usarse en algunos sectores, si la Administración se compromete a hacerse cargo de los pagos futuros.
P.: ¿La Cámara Argentina de la Construcción tiene una propuesta alternativa para la obra pública que no sea el modelo chileno?
G.W.: La Cámara elabora, en forma periódica, propuestas de ejecución de las infraestructuras que el país necesita para crecer. La última edición fue realizada, en agosto de 2.023, por el Consejo de Políticas de Infraestructura -CPI-, que nuclea a las entidades empresarias del G6, la CGT y UOCRA, es decir, consultando a los usuarios de las futuras infraestructuras.
