Así lo dispuso el Gobierno a través de la Resolución 256/2020 del Ministerio de Transporte, publicada hoy en el Boletín Oficial.
La norma establece la afectación de $ 6.000 millones “a los fines del reconocimiento del saldo del crédito fiscal acumulado a su favor, cuyo cómputo se hubiere generado durante 2018, para el conjunto de las empresas concesionarias de servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor”.
Mediante la Resolución 101/2019 del entonces Ministerio de Hacienda se fijó en $ 6.000 millones, para el sector transporte, el límite máximo anual para afrontar las erogaciones que demanden las solicitudes interpuestas por quienes desarrollen actividades que califiquen como servicios públicos cuya tarifa se vea reducida por el otorgamiento de sumas en concepto de subsidios o compensaciones y fondos por asistencia económica.
Esto se enmarca en el régimen establecido en la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
