En cadena nacional, el mandatario brindó detalles sobre el contenido del DNU que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, donde se contempla la eliminación de una serie de leyes sancionadas durante las últimas décadas por el Congreso de la Nación.
Luego de hacer un repaso histórico sobre la situación económica del país, Milei se refirió a la firma del decreto como "un primer paso para terminar con el modelo de la decadencia" que, desde su punto de vista, permitirá "comenzar a destrabar este andamiaje jurídico opresor que ha destruido nuestro país".
Acompañado de los miembros del gabinete nacional y del economista Federico Sturzenegger, el jefe de Estado adelantó que mediante el DNU se derogará la Ley de Abastecimiento "para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos".
La normativa fue sancionada en junio de 1.974 durante el tercer mandato del general Juan Domingo Perón y habilita al Estado a intervenir en los mercados, fijar precios máximos y, eventualmente, sancionar a las empresas cuando lo considere necesario.
En particular, la ley permite regular “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios” e intervenir sobre las prestaciones “que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio", en el caso que satisfaga necesidades básicas.
Además, habilita al Gobierno a fijar precios máximos, como también establecer márgenes de utilidad e intervenir -al menos temporalmente- en los procesos productivos de las compañías cuando considere necesario, pero contemplando la viabilidad de la empresa, ya que, de lo contrario, la misma debería ser compensada. Le otorga al Estado la potestad de sancionar a aquellas empresas que acaparen materia prima y remarquen precios.
A su vez anunció la derogación de la Ley de Góndolas 27.545 "para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos". De acuerdo al texto de la normativa sancionada en 2.020, el objetivo es “contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores”.
