El organismo fue creado por Ley N° 8.024 de la provincia de Salta, que data del año 1980.
La propuesta se difundió tras la reciente declaración de emergencia carcelaria el miércoles pasado por el lapso de tres años, y a través del Boletín Oficial de la provincia, resultando un aporte fundamental en la búsqueda de la transformación de la situación actual del sistema carcelario.
La propuesta del Comité, a la que pudo acceder Nuevo Diario, se encuadra en un enfoque con base en la normativa vigente y estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, instituyendo al organismo como auxiliar de la administración de justicia con carácter civil, técnico y de seguridad denominándolo “Servicio Penitenciario y de Reinserción Social y Comunitaria de la Provincia de Salta”.
Se establece como misión específica la asistencia, custodia, guarda y tratamiento integral de las personas privadas de libertad, desde una perspectiva de Derechos Humanos, procurando su reinserción social y comunitaria y promoviendo la vinculación con la sociedad. Desde esta concepción, las funciones del Servicio Penitenciario y de Reinserción Social y Comunitario deben respetar los siguientes principios: Trato humano; Prevención y Prohibición de la Tortura y Tratos Inhumanos, Crueles o Degradantes; Igualdad y No Discriminación; Perspectiva de Género y Diversidad; Interculturalidad; Interdisciplinariedad; y Acceso a la Justicia.
“El Comité contra la Tortura de Salta recomienda, en cuanto a la modificación de la estructura orgánica del Servicio Penitenciario y de Reinserción Social y Comunitaria, un cambio de paradigma basado en los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad conforme a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en materia de Derechos Humanos”, indicó Rodrigo Solá, desde la citada institución.
Cabe recordar que meses atrás, este mismo Comité visibilizó un escalofriante informe sobre la situación de alojamiento de una unidad penitenciara de mujeres. De allí el puntapié fundamental para avanzar en la declaratoria de emergencia y en la posibilidad de transformación del sistema vigente.
