La manifestación fue para exigir la nulidad de la causa contra la médica del hospital de Tartagal, Miranda Ruiz, quien fue imputada por realizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La práctica está contemplada en la legislación argentina. Al pañuelazo también asistió la médica y Pedro Guillén, su abogado defensor.
"Hemos actuado de manera legal cumpliendo con todos los protocolos nacionales, cumpliendo con la ley. Pero la paciente estaba siendo amedrentada por sectores antiderechos locales, liderados por Claudia Subelza, quienes amenazaban todo el tiempo con realizar una denuncia penal si nosotros le garantizábamos el derecho de interrupción del embarazo a la paciente, quien nunca dejó de solicitarlo", explicó Ruiz.
Luego expresó: "No podemos permitir que un sector político y judicial que está corrompido nos obligue a cometer delitos a los y las médicas que estamos en el hospital público, porque no haberle garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a esa paciente, por injerencia de los sectores locales, era un delito. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros defendemos a la gente, defendemos la salud pública y vamos a cumplir las leyes y así lo hicimos en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal".
Remarcó que la paciente fue sometida (por los antiderechos) a una exposición mediática a la que consideró "brutal".
Agregó que: "Como institución pública bancamos a la paciente y a su decisión. Incluso el jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia selló conmigo la historia clínica porque nos amenazaban con la denuncia".
Desde la Red, recordaron que Ruiz fue "imputada injustamente por la justicia patriarcal salteña, que aún no se actualizó con los alcances de la ley y pretende que las mujeres y personas gestantes que deciden sobre su cuerpo no accedan a su derecho y sigan exponiéndose a abortos inseguros y clandestinos".
Señalaron que: "Es por este motivo que, como profesionales de la salud decimos: garantizar derecho no es delito, basta de criminalizar y sumamos nuestro apoyo al pedido de nulidad de la causa de Miranda Ruiz, que además de presentar muchas irregularidades jurídicas, no tiene sentido alguno, ya que se imputa por algo que está en el marco de ley".
Ruiz fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una interrupción legal del embarazo el 24 de agosto, en el hospital Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional.
En esa oportunidad, la organización había dicho que "el hospital de Tartagal avala esta práctica y fomenta que sus profesionales brinden acceso a la misma".
El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia.
El 14 de julio, la Red de Profesionales llevó a cabo un "chaquetazo" frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), también para exigir la nulidad de la causa y el sobreseimiento de la médica.
