Dato anecdótico al margen, la campaña ya empezó y por lo que pinta, de una manera feroz que –seguramente- dejará varios heridos, cuando no, algunos cadáveres políticos.
En ese contexto se aclara que Salta anticipó las elecciones para el 14 de mayo, donde estará en juego la renovación o no de la gobernación y vice, el recambio o no de los intendentes de los 60 municipios de la provincia y el recambio parcial o no de concejales de los distintos municipios participantes, lo que implica que la campaña política empieza el 14 de abril.
Es así, que días atrás llamó la atención la información que daba cuenta de la denuncia de la intendenta del municipio capitalino, Bettina Romero, en el fuero de la Justicia Federal.
A la denuncia, desde la óptica de este cronista, se la puede desdoblar en dos partes: una gravísima: que es el hecho de que la intendenta acusó que es víctima de espionaje ilegal dentro de su propio despacho, hecho que genera otro disparador con otras preguntas o conjeturas, porque se contaría con “fuego amigo”, es decir, gente de su entorno que colocaría micrófonos en su despacho o que gente que limpia –al más puro estilo de películas de espionaje- se encargaron de implantar esos adminículos en lugares estratégicos. Menuda tarea de la Justicia para dilucidar este tema.
La otra parte de la denuncia se basa en las famosas Fake News, o noticias falsas, donde dejó aclarado que durante su gestión ya le habrían “fabricado” más de 130 noticias de ese calibre.
Esta parte de la denuncia también disparó “comentarios” que, de ser ciertos convierten a Salta en un lugar privado de ejercer los sagrados derechos a la libre expresión o a la libertad de prensa. ¿Cómo se interpreta este párrafo?
Más allá del modo de la denuncia, realizada en el fuero penal, despierta interrogantes porque según entendidos, la Justicia Federal está para delitos como narcotráfico, delitos de lesa humanidad, evasión fiscal, contaminación ambiental, trata de personas, secuestros extorsivos, contrabando, delincuencia organizada. Quizás, forzando la situación, a la denuncia de la intendenta se la podría encuadrar en lo de delincuencia organizada.
Para algunos observadores de esta cuestión, se vivió una puesta en escena “marquetinera”, que trató –y logró- poner en la mirada nacional la realidad que vive una mujer joven, madre y dedicada a mejorar el destino de los salteños.
Para el periodista Mario Ernesto Peña, “zorro viejo” (cariñosamente) en estas lides, esta denuncia le generó una mirada de preocupación originando una editorial que claramente refleja su forma de percibir este acontecimiento y que dice: “Cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático”. Tal es lo que señala el Preámbulo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, aprobada en octubre del año 2000.
La afirmación resulta oportuna frente a la denuncia por amenazas y coacción formalizada por la intendenta capitalina Bettina Romero ante la justicia federal. Se sumó a las presentadas por otros referentes políticos contra las llamadas fake news, que se tramitan en la Fiscalía de Ciberdelitos de la Provincia, pero el despliegue realizado por la funcionaria, mostraron intenciones distintas a las de sentar un precedente en un año electoral, como declarara.
La titular del Ejecutivo Municipal informó que presentó como prueba una lista de más de un centenar de portales creados en los últimos tres años, que “están pertrechados de recursos a la luz de que varias publicaciones están pautadas”. A través de su abogado reveló nombres de personas que serían responsables de la difusión de noticias falsas. Dejando de lado el hecho que es una funcionaria, se parapetó detrás de su condición de mujer, joven, esposa y madre para denunciar los ataques”.
En otra parte de la editorial continúa: “En un dictamen al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que “en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas – y no menos expuestas- al escrutinio y crítica del público. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica”. No es el caso de la Intendenta, que ve intenciones de perjudicarle en esas críticas y pide que la Justicia investigue la ruta del dinero usado para promover lo que califica como una campaña sucia y que los responsables rindan cuentas.
El derecho a la libertad de expresión requiere de la libertad de prensa como un instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es lo que expresan los fundamentos de los Principios establecidos por el organismo internacional, que ratifican que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre”.
“Las advertencias, las denuncias o la judicialización de información u opiniones bien pueden ser consideradas formas de censura y como tal, rechazadas de plano. Es responsabilidad de los medios y de los periodistas defender el rol de vigilancia pública del periodismo, evitando que el propósito de autoridades públicas de acallar críticas, tienda un manto de dudas sobre la tarea de la prensa, cuando se expresa en opiniones negativas. La intendenta Bettina Romero debe respetar el disenso y ubicarse en su función, que no es la de controlar las opiniones. La buena imagen se construye con una buena gestión y no disciplinando a quienes marcan falencias e incumplimientos”.
Quizás Peña esté acertado en su visión porque, por lo menos, hay un medio que también se hizo eco de la denuncia, en este caso como posible calumniador y potencial “censurado”. Se trata del portal “Hola Salta”, a lo que su director contestó lo siguiente:
“La alcaldesa de la ciudad de Salta, Bettina Romero, interpuso una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunta “coerción y amenazas”, apuntando al presunto “uso sistemático de portales y página con noticias falsas y discurso de odio”.
Entre los denunciados y mencionados se encuentra nuestro medio de comunicación, destacando que, en “casi 40 artículos”, nos acusa de realizar una presunta “campaña perjudicial” hacia su persona y pide a la fiscalía que investigue de dónde viene el dinero para “mantener nuestra web y redes sociales”.
“La verdad es que, nuestros medios de comunicación ratifican, que cada uno de los artículos que fueron publicados, siendo los últimos, por ejemplo, “Parejas de empleados Municipales”, “Gastos Millonarios en Publicidad y Contratación de Consultores”, o la nota para el “Impuesto Municipal” que sufrieron miles de personas por asalto, no es noticia falsa, se trata de realidad que “todos” lo corroboramos”.
“Tomamos la denuncia de la Alcaldesa de la Capital de Salta, la Sra. Bettina Romero, como Grave Acto de Censura, Coerción, Coerción e Intimidación, que afectan la Libertad de Expresión y/o Libertad de Prensa, Reputación, Privacidad, de todas las personas que colaboren y/o pertenezcan a El equipo de HelloJump News”.
Clarísima la repuesta del director de este portal.
También clarísimo fue el concepto vertido por la precandidata a la gobernación por el PRO, Inés Liendo, cuando consultada en “La Hora Política”, programa que dirige el periodista Daniel Pantoja en FM Ya, la “voz del Nuevo Diario”, sobre el tema Fake News resaltó que no todo es lo que parece y que nadie resiste un archivo cuando la prensa saca a relucir conceptos vertidos en otro tiempo por el “agraviado/a, calumniado/a” y que en el marco de la campaña que ya se juega, el “agraviado/a, calumniado/a” atina a negar la veracidad de sus dichos y simplemente dice que son Fake News. Interesante analogía de la precandidata que parecería corroborar lo que pregona el dicho “nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mire”.
¿Estrategia familiar?
Los actores mencionados precedentemente, Peña y Hola Salta, son la punta de un iceberg que podría estar apareciendo, dado que hasta que la Justicia resuelva, fácilmente podríamos estar llegando a las elecciones 2027.
Continuando con el análisis de la denuncia de la intendenta, es casi imposible no mencionar lo que vivió Nuevo Diario en otro momento electoral, hace seis años, cuando el senador Juan Carlos Romero revalidaba su candidatura a senador nacional por Salta.
En esa oportunidad, y con el asesoramiento del abogado Pedro Oscar Guillén, el mismo que ahora interviene en cuestiones federales de la familia Romero, en este caso, de la intendenta, meses previos a la nominación de candidaturas en el año 2017, logró un bozal legal para evitar que Grupo GG SRL, empresa propietaria del Nuevo Diario, FM Ya y nuevodiariodesalta.com.ar, nombrara al senador nacional en los medios de comunicación mencionados: radio, papel y web y que durante seis lunes se publicara en el papel y en la web distintas retractaciones que se “colaron” en el citado fallo. ¿Libertad de prensa? En esa oportunidad quedó en deuda.
Bien es sabida la posición de Nuevo Diario ante el mayor y más claro ejemplo de la ineficacia de la Justicia cuando se toca el tema La Ciénaga, que ya lleva 12 años y 5 meses sin resolución, tema que al decir de algunos, provoca dermatitis atópica o eccemas urticantes en el jefe de familia de los Romero.
Quizá previendo que, el diario chiquito, utilizaría ese inobjetable ejemplo de corrupción, apelaron a callarlo a raíz de una nota donde una palabra generó una interpretación errónea y que le posibilitó a la Justicia fallar ordenando al pequeñín a no nombrar al candidato Juan Carlos Romero en los medios mencionados.
Esta situación, salvando las distancias, y quizás convalidando lo que visualizó Mario Ernesto Peña con en esta denuncia, Salta ya está ante lo que refleja el título de su editorial de la semana pasada: “La libertad de expresión está en riesgo”.
Por su parte, el abogado Guillén clarificó en otro medio que: “Tenemos 130 publicaciones interceptadas, ya están las denuncias hechas e incluso hay un soporte digital que contiene las noticias y lo imprimimos para que sea visible cuando se lea la denuncia. En algunos casos dimos nombres, como por ejemplo el de Lucas Mariano Armonía que siempre se hace llamar ‘el Señor X’, que estuvo muy oculto y logramos desentrañar su nombre y hasta su dirección, así que en los próximos días vamos a ver qué medidas recaen en él”.
Por estas declaraciones se podría interpretar que está instalando la figura de una mafia que opera en Salta, donde el desprevenido lector preguntaría: ¿cuál de las mafias?, como si hubiera otras; ¿las hay?
Mientras la Justicia actúa, la campaña política continúa su derrotero empezando a desnudar acciones y reacciones -como pintadas agraviantes a un candidato a intendente- que hablan de hechos que son reales o inventados y que despiertan en el ciudadano común el mismo interés de saber lo que aquí sucede en lo que atañe a la política o el interés que puede despertar saber el resultado del partido que disputaron Beijing Guoan vs Changchun Yatai, de China, aquisito nomás. Se subestima al votante que claramente tiene otras preocupaciones supermegamásimportantes para él que andar preocupándose de la pelea de candidatos por el poder.
Quizás estas líneas también son Fake News, pero desde la visión –corta o no de este cronista- pretenden ser líneas enmarcadas con el derecho a la Libertad de expresión y de prensa, con lo cual, con el respeto debido finaliza “al que le quepa el sayo, que se lo ponga…” o que, al que le guste, bien, y al que no, que lo escriba o lo censure, y el que tiene plata que denuncie en la Justicia, puede ser la provincial nomás.
Vivan las libertades de expresión y de prensa.
Mientras las permitan.
NAG
