Los números ubican a Salta como la cuarta provincia en el país que registra más femicidios y transfemicidios, entre otras cifras y podios que duelen, y frente a eso, la misiva en cuestión expone la ineficacia de organismos como el Observatorio de Violencia Contra la Mujer, señalándolo como “un apéndice más del Estado”, que con su “silencio estremecedor”, como titularon el pronunciamiento, invisibilizan la vulneración, la desprotección y la falta de asistencia a mujeres y disidencias salteñas.
“Un femicidio más en la provincia de Salta, en la ciudad de Orán, donde una mujer fue asesinada por un femicida. ¿Quién recuerda los nueve femicidios anteriores en la provincia en lo que va del 2022?”, cuestiona la misiva que también inquiere si los organismos oficiales creado ante la ley de Emergencia Provincial por Violencia de Género, perdieron el objetivo.
Asimismo, advierte duramente que: “la ley 7843 de creación del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, no cumplió con una de sus funciones de impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causal de violencia” y señala: “con contabilizar los asesinatos de mujeres no alcanza, los organismos oficiales deben promover acciones para prevenir los mismos, a fin de poder evitar estas muertes violentas”.
Manifiestan así que: “en los últimos tres años el Observatorio, se convirtió en un organismo ausente, ante la realidad de las violencias contra las mujeres y disidencias en Salta”, y remarcan las reservas ante las sentencias sin perspectiva de género del Poder Judicial, (donde quedaron impunes jueces, camaristas federales y abogados del foro local), recordando que hasta el arzobispo de Salta está denunciado por violencia de género; la persecución a las mujeres indígenas que reclaman ante un estado ausente y las múltiples violencias que padecen en sus comunidades. Silencio ante la violencia institucional contra mujeres trabajadoras de parte de la policía, silencio ante la elección de mini-reinas en la localidad de Güemes y del último femicidio en Orán, todos hechos de público conocimiento.
El silencio del OVCM
“Ni un pronunciamiento. Ni un llamado de atención al Estado, responsable por las vidas de violencia que sufren las mujeres y disidencias, por la vulneración permanente de sus derechos, por la falta de protección y asistencia y la debida diligencia del Estado”, reclamaron al Observatorio desde el comunicado, señalándolo como: “un organismo autónomo y autárquico del gobierno de turno, que se convirtió en un apéndice más del Estado, quedando demostrado que, el silencio cómplice, se premia con cargos políticos, de quien cómodamente ocupa- luego de pasar por Observatorio de Violencia contra las Mujeres- un espacio en la Subsecretaria de la Mujer”.
Así es como solicitaron el compromiso explícito, de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres con las mujeres y disidencias, sororidad empatía y responsabilidad. “Nos están matando sin que nadie se haga cargo, los femicidios no deben ser tomados como una noticia criminal, sino como una grave violación a los derechos humanos”.
Por último, recordaron la responsabilidad también del Polo de la Mujer y los distintos Ministerios “que deben trabajar transversalmente con perspectiva de género y del gobernador Gustavo Sáenz, quien tiene la obligación de Estado de contar con un presupuesto para erradicar las violencias de género”.
“Ante la falta de respuestas institucional, solicitamos que dejen su lugar a mujeres que quieran trabajar por las mujeres, mujeres y personas ld@esbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex, queer, no binaries”, concluye el comunicado con la firma de organizaciones, particulares, profesionales locales, etc.
