Este pedido resurge tras la expiración de un convenio de comodato firmado en el año 2006 entre la Municipalidad de Cafayate y la Provincia, el cual otorgaba la gestión del museo al municipio por un período de siete años, plazo que se encuentra ampliamente vencido, y oídos sordos para el diálogo entre las partes.
El concejal Gabriel Meisner, uno de los principales impulsores de esta iniciativa, ha destacado la importancia de que el museo, una institución de gran relevancia para la identidad y la economía local, vuelva a estar bajo la administración municipal. "El convenio venció en el año 2013 y no hubo renovación. Entiendo yo que el inmueble debe volver al municipio para ser administrado", declaró Meisner en diálogo con Nuevo Diario.
Uno de los puntos centrales de la discusión gira en torno a las finanzas del museo. Meisner cuestiona las afirmaciones de la directora del museo, quien sostiene que la institución genera pérdidas. Según el concejal, son las empresas tercerizadas las principales beneficiarias, y se plantea la posibilidad de darle oportunidades a empresas locales para brindar servicios en el museo en lugar de tercerizarlos.
Además, se busca una rendición de cuentas para verificar la situación financiera del museo. Meisner señala que, en el año 2012, el museo reportaba ganancias, pero algo cambió desde entonces. Este llamado a la transparencia y a la revisión de las cuentas busca arrojar luz sobre la verdadera situación económica del museo y su viabilidad bajo una gestión municipal.
La discusión también ha alcanzado el ámbito legislativo, ya que se plantea si la restitución del museo al control municipal debe pasar por la Cámara de Diputados. Meisner sostiene que, dado que el convenio original fue entre la antigua Secretaría de Turismo y el municipio, la restitución debería ser solicitada directamente al Poder Ejecutivo Municipal.
Reclaman clarificar información
Para el titular del cuerpo de ediles cafayateños, Gabriel Meisner, el debate por la situación del Museo de la Vid y del Vino no se limita únicamente a cuestiones financieras, sino que también aborda aspectos relacionados con la gestión del museo y el empleo local. Se busca investigar quiénes son las empresas tercerizadas, cómo accedieron a los contratos, si cumplen con las leyes laborales y si priorizan la contratación de mano de obra local.
En última instancia, para el edil esta discusión representa un esfuerzo por visibilizar y abordar las preocupaciones y los intereses de la comunidad de Cafayate en torno a su patrimonio cultural y económico. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los intereses locales son los pilares sobre los cuales busca apuntalar este debate, que recién comienza.
