El 14 julio fue emitido el Decreto Provincial 419/2023 que ratifica la Resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia 810/2023, mediante la cual se instrumentaron los aumentos salariales que el Gobierno de la Provincia otorgó al personal activo de la Policía de Salta y del Servicio Penitenciario Provincial.
Los aumentos percibidos por los activos fueron el 12% con el salario de mayo, 11% con el haber de junio y el 11% correspondiente al mes de julio que se cobrará en agosto.
Estos meses son los que se adeudan al sector de retirados, por lo que la documentación enviada incluye los correspondientes retroactivos.
Nelly Giménez, titular de la Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad y Justicia, fue la encargada de llevar adelante los trámites.
Desde el sector de retirados informaron a Nuevo Diario que tras conocerse esta noticia, se espera un mínimo plazo de 60 días, hasta tanto la ANSES audite los correspondientes documentos y tras un cruce de datos pueda determinar las liquidaciones correspondientes para los efectivos pasivos.
Los retirados reclaman desde hace tiempo el hecho de que los aumentos que se acreditan para la administración pública, tengan demoras en impactar en los haberes previsionales del sector.
A raíz de esto, uno de los actores que quiso incursionar en una solución al tema fue el ex ministro Abel Cornejo, quien insistió una Ley de Bienestar Policial que cree una caja de retiro para el sector, financiada en parte por las dietas de los efectivos activos, y en parte por asistencia financiera del ejecutivo provincial. Esta idea quedó finalmente trunca.
