“Es una lástima, esto se votó en diciembre del año pasado dentro del Concejo Deliberante. Solo dos concejales votamos en Contra, Ana Paula y yo. Entendíamos que de ninguna manera se podía hacer un aumento tan elevado porque no solamente se aumenta un 77% sino que además se aumentaba la cantidad de Unidades Tributarias en distintos tipos de impuestos”, sostuvo a Nuevo Diario la concejal.
La ordenanza tributaria que se aprobó junto al presupuesto municipal a finales del 2022 preveía que la unidad tributaria tendría una suba del 77%. Sin embargo, se iba a multiplicar también la cantidad de unidades tributarias que componían cada impuesto, por lo que la suba iba a ser mayor que el 77% que proyectaba el presupuesto.
Además se incluyó una cláusula de readecuación automática de un 30% para julio de este año en base a la inflación.
“Ahora no se puede hacer nada, la decisión era en su momento. Lo que sí se puede hacer es tener en cuenta a los concejales que votaron y no volverlos a votar o pensar de otra manera al momento de votar”, aseguró y agregó: “La decisión estuvo en nuestras manos”.
En cuanto a la posibilidad de un reclamo formal y legal por parte de la ciudadanía, la concejal indicó que el Concejo no puede hacer mucho más, pero que la Justicia si podría modificarse la situación, aunque advirtió que lo ve muy difícil.
“Hay muchas personas que cuando son funcionarias se olvidan que son ciudadanos y contribuyentes y que tiene que trabajar por la gente, porque al final somos representantes de esas personas. Eso nos tiene que quedar más que claro”, dijo.
Fotomultas
En cuanto a la licitación del servicio de fotomultas que lleva adelante el municipio, la edil sostuvo que a todos los concejales del PRO les parece una locura.
“Creo que no todo está perdido y creo que no podemos quejarnos y nada más, lo más importante que tenemos que hacer desde el CD es sacar ordenanzas que aseguren que los radares se vean, que tengan carteles, que estén bien señalizados, que las personas sean conscientes, para cumplir con el fin de prevención y no solo de recaudación”, indicó la concejal.
Sobre las empresas presentadas, una con vinculación a CECAITRA y otra que también tendría una relación con funcionarios públicos, Álvarez indicó que a las empresas no se les puede hacer nada porque quienes tienen que decidir en este caso son los funcionarios municipales.
