La ex senadora provincial y actual funcionaria lleva adelante la tarea de localización y relevamiento de tierras, más la provisión de servicios básicos y las gestiones ante los sectores público y privado para su regularización dominial.
Un escollo a superar es la falta de disponibilidad de terrenos, también en el sector privado hay una fuerte especulación inmobiliaria, por lo que, si bien se apunta a la expropiación, el trámite es engorroso y tiene sus demoras.
Destacó que durante la pandemia se inscribieron al Plan de manera online más de 46 mil personas; pero sobre esa cifra 8.500 presentaron ficha de postulación para vivienda o lote y 270 solo para lotes, con lo cual se propuso un trabajo conjunto con intendentes y legisladores para establecer la demanda real.
A poco más de un mes de su asunción, Abilés mantuvo un encuentro con los senadores, encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, acompañado por sus pares Dani Nolasco; Jorge Soto; Fernando Sanz; Diego Cari; Miguel Calabró; Alfredo Sanguino; Walter Abán; Esteban D'Andrea; Leopoldo Salva; Sergio Ramos; Manuel Pailler; Carlos Rosso; Sergio Saldaño; Carlos Ampuero; Sonia Magno y Walter Cruz.
Abilés sostuvo que el principal problema que se presenta en toda la provincia es la falta de tierras aptas, en especial en la Capital, región metropolitana, Orán y Tartagal. Dijo que se buscan tierras públicas de propiedad de los estados nacional, provincial o municipal y también tierras privadas, donde se apela a la compra directa, que a menudo se traban por sobrevaluación o se avanza en expropiaciones.
Agregó que por esta situación en muchas ocasiones en terrenos que habían sido destinados al Plan Mi Lote, se terminó edificando viviendas IPV con casi tres mil casas entregadas por la actual administración; más 3.800 en construcción, entre viviendas, soluciones habitacionales y núcleos húmedos y otras dos mil ya aprobadas y en proceso de licitación. Respecto a la entrega de lotes dijo que a la fecha suma más de 1.300 en toda la provincia, más otros 400 que se entregarán en breve en Cafayate y otros 500 en Capital y otros municipios.
El proceso de las expropiaciones
La coordinadora explicó paso a paso el tiempo que demanda una expropiación luego de sancionada una Ley por el Poder Legislativo.
Dijo que cuando la Ley que declara la necesidad de expropiación se aprueba sigue un extenso circuito que incluye su envío a la Secretaría General de la Gobernación, luego a Tierra y Bienes, luego a Inmuebles para su valuación; luego a los ministerios de Infraestructura y Economía, donde se libran los fondos para luego instruir al Fiscal de Estado, que es quien paga el valor valuado y pide al juez que libre el mandamiento para poder tomar posesión del terreno.
Este proceso puede demorar entre uno y dos años. Luego de la toma de posesión el organismo recién puede trabajar en el terreno con obras de infraestructura básica, para luego de otro lapso de tiempo e intervención judicial de por medio esté en condiciones de entregar a los beneficiarios el título de propiedad de esas tierras. Sobre la utilización de tierras nacionales sostuvo que los convenios deben ser refrendados por ley provincial y del Congreso Nacional por lo que demandan tiempo extra.
Ofreció un detalle por departamento de las tierras existentes y de sus costos, que en el caso de la Capital oscilan entre los $ 560 por metro cuadrado en la zona sur y 1.000 a $1.500 en zona norte y de la circunvalación; aclarando que el costo del terreno determina el valor de la cuota que se va a pagar.
