La Municipalidad emitió un comunicado explicando el hecho que desembocó en un conflicto en la jornada de ayer.
Según indicaron desde la comuna, el día sábado Olarte se presentó en el edificio municipal advirtiendo que quería llevarse un rodillo compactador, señalando que era de su propiedad.
La comuna sostuvo que al no permitirle el acceso, se invitó al acusado a presentarse el día lunes 22 para acreditar la documentación para respaldar su reclamo. Sin embargo, el involucrado no se apersonó.
El conflicto escaló hasta un punto de tensión que se dio en la jornada de ayer, cuando Olarte se presentó con un tractor y tomó posesión del bien municipal que se encontraba frente a la municipalidad, llevándose el rodillo.
Ante la situación, el director de Servicios Públicos, Matías Abalos, interceptó el vehículo a la altura de la cancha de la Bora.
Como consecuencia de lo sucedido, desde el municipio se hizo la denuncia correspondiente, acusando al Olarte de hurto calificado de un bien del estado.
"Desde mi gestión, no permitiré que nadie se apropie impunemente de los bienes que pertenecen al pueblo, como lo hizo el ex intendente Manuel Cornejo y como lo está haciendo este vecino", sostuvo el intendente Lino Yonar ante el hecho.
La silleta-Campo Quijano, su historia
Olarte es referente del movimiento silletano que busca que la localidad recupere el rango municipal y su autonomía de Campo Quijano.
El 29 de octubre de 1964, en el gobierno democrático de Ricardo Joaquín Durán, el Senado y la Cámara de Diputados de Salta, a través de la sanción de la Ley N° 3.913, le dieron a La Silleta la categoría de municipio, fijando su jurisdicción y ordenando que los gastos que demandará el cumplimiento de esta ley fuesen atendidos con fondos de rentas generales de la provincia.
Sin embargo, tras el golpe militar de 1966 contra Arturo Illia, el interventor provincial, Mario Cabanillas, decidió suspender esa decisión a través del Ddecreto n° 2.533, y dispuso que vuelva a ser una delegación municipal de la intendencia de Campo Quijano, a cuya jurisdicción perteneció antes de que fuera elevada a municipio.
El planteo de vecinas y vecinos encuentra asidero en cuanto a que el decreto en cuestión “suspendió” la vigencia de la ley 3.913/64, pero no la derogó, por lo que argumentan que ya pasaron más de cinco décadas conviviendo "con una decisión ilegítima", que les quita calidad de vida a quienes viven allí.
Por último, el documento que vecinas y vecinos presentaron a la Corte enumera las pocas obras que se realizaron en algo más de medio siglo en La Silleta por parte de la administración de Campo Quijano.
