David Torres, presidente de la Comunidad Lule de Salta, manifestó a Nuevo Diario que hay una necesidad de transformar la agenda política del movimiento indígena y convertirla en una agenda legislativa para que se apliquen los derechos que están contemplados en la Constitución y en Leyes especiales.
"Estamos pidiendo que de manera urgente este gobierno se ponga a trabajar y nos asegure la participación en la gestión de los recursos; para que garantice que los derechos no se violen", sostuvo.
Además de ello, Torres indicó que buscan construir un espacio de unidad del movimiento indígena con la mayor legitimidad posible.
En el Frente de Pueblos Originarios, también estuvieron otras federaciones y organizaciones de comunidades indígenas.
"Vemos con preocupación que se está otorgando o concediendo derechos a población vulnerable, menos a los pueblos", dijo.
Más allá de los reclamos históricos por agua, vivienda, trabajo y educación, el Frente de Pueblo Originarios solicita la consulta y participación de los pueblos (reglamento por ley) en las iniciativas estatales sobre sus intereses y derechos; que se termine el relevamiento de comunidades para reconocer la propiedad de sus tierras; avanzar en una ley de comunidad comunitaria y permitir que las comunidades se reúnan para generar las iniciativas indígenas.
