Las denuncias se concentran sobre el Potenciar Trabajo, plan social que coordina el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que actualmente tiene 45 mil titulares en la Provincia, de los cuales al menos 30 mil residen en la capital.
En los reclamos que recibe el Centro de Referencia, delegación del ministerio en Salta, se destaca en la totalidad de los casos la denuncia a punteros barriales que exigen a los beneficiarios del Potenciar Trabajo un monto del dinero que da el plan, bajo la extorsión de que si no ceden les piden la baja del subsidio.
“Nosotros en el ministerio debemos estar recibiendo unas 30 denuncias por día, solo del potenciar, obviamente contra la dirigencia”, indicó Arroyo en el programa Hora de Voces.
El funcionario destacó que el Potenciar esta destinado a personas que no poseen ningún ingreso genuino, por lo que sacarle plata a esas personas en situación de vulnerabilidad “es lo peor que hay”.
Cabe destacar que hoy un beneficiario de este plan social cobra $23 mil pesos, que se calcula llegara a $28 mil a fin de año dado que se encuentra atado a la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil. Según pudo conocer Nuevo Diario, existen denuncias contra referentes por haber pedido hasta más del 80% del salario que da el plan al beneficiario.
“Estamos en contra de eso, trabajamos para que se dé marcha atrás con todos esos pedidos de aportes a las organizaciones”, sostuvo Arroyo haciendo hincapié en que no coincide en esas formas de pedir que se aporte a la organización.
Actualmente, un beneficiario debe realizar una contraprestación de 4 horas de lunes a viernes para poder cobrar el programa social. El control de que la persona devuelve las horas lo lleva adelante la Unidad de Gestión, manejada por un referente del movimiento social, quien envía una planilla a la sede el ministerio en Buenos Aíres, con el detalle del cumplimiento del beneficiario.
Si esa persona no figura que realizó la contraprestación en esa planilla, automáticamente se le da la baja del programa. Con la extorsión de no hacer figurar la devolución de horas, es que los referentes barriales exigen a los beneficiarios del programa que entreguen parte de lo que reciben.
Arroyo resaltó que todos los beneficiarios pueden solicitar el cambio de unidad digitalmente y que desde su dependencia estatal acompañan estos procesos.
El programa y los movimientos sociales que lo coordinan fueron duramente criticados por la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde cuestionó este tipo de prácticas. Esto repercutió al punto que el ministro nacional Juan Zabaleta dictaminó no dar más altas del programa y empezar a efectivizar los controles a las organizaciones sociales.
En Salta mientras, 600 reclamos ingresan por mes por estos intentos de extorsiones y donde se intenta sacar provecho de un programa pensado en la población más vulnerable.
