En diálogo con Nuevo Diario, el hombre expresó que el 15 de octubre de 2.021 se remató el 45% del barrio Juan Pablo II de Chicoana, y él lo compro en dicha subasta. Tras adquirir el terreno, se presentó en el IPV para llegar a algún tipo de arreglo ya que el barrio, en total, tiene 89 viviendas más una superficie de tres hectáreas y media.
“Me pelotearon. Puse un abogado, no lo quisieron recibir, y lo último que me quedó es sacarlo a la venta. Las casas están hechas hace 6 o 7 años”, comentó.
Lo más problemático no está solo en las escrituras, sino en que las viviendas hoy están ocupadas por familias que no cuentan con el número de catastro ni las escrituras de las mismas.
“Eso no entiende el IPV, necesitamos llegar a un arreglo. Pido una división de condominio, yo quiero mi parte y tampoco quieren. Y así estamos”, dijo.
Mientras, el IPV respondió a la consulta de este medio y afirmó que se notificó en el año en curso al señor la existencia de una superposición gráfica y/o catastral de la matrícula que pretende vender.
“Además la institución efectuó consulta ante la Dirección Gral. de Inmuebles, organismo competente a fin de determinar superficies, dimensiones y/o la existencia de superposiciones. Desde el IPV se trabaja en el tema y el expediente cumple los pasos administrativos para llegar a una pronta solución”, indicaron.
Sin embargo, el dueño de terreno sostuvo que hace dos años que se solicitaron los informes y los mismos no llegan.
“La idea es que se levante la gente, las 89 familias, y pidan los papeles. Toda esa gente vive ahí y no tiene seguridad de nada”, agregó.
La acción pretendida por el vecino chicoanense, vuelve a poner en la mesa de discusión, la necesidad de clarificar en primer lugar, el recupero de casas y el destino final de las mismas, arrojando más inquietudes que certezas, sobre las formas en que el ahora propietario de estas 89 viviendas accedió por instancia de remate, sin que previamente el Instituto Provincial de la Vivienda haya tomado cartas en el asunto, para el recupero correspondiente.
En segundo lugar, pero no menos importante, la necesidad de un control de la efectiva ocupación de las viviendas.
