Entre las acciones que se tomaron se encuentra el acceso de servicios sanitarios, asistencia alimentaria y agua potable, la situación aún no puede ser revertida en su totalidad a favor de las comunidades originarias.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a la Fundación Pata Pila, constató la persistente inejecución de los proyectos estatales asociados al acceso al agua potable de las comunidades indígenas, principalmente en el municipio de Santa Victoria Este. Ponen el acento en una mayor atención en materia alimentaria, agua potable, salud, y acceso a la tierra que, sostienen, son las principales deudas del Estado con los originarios.
Durante un recorrido por el norte de la provincia de Salta, puntualmente por las localidades de Santa Victoria Este y Tartagal -expresa ACIJ en un informe- se suman a esa realidad adversa situaciones de discriminación y malos tratos por parte de agentes del sistema de salud hacia familias de comunidades indígenas, cuyo impacto negativo es aún mayor en la niñez. La carencia de perspectiva intercultural para intervenir y la ausencia de búsqueda de consentimiento informado, repercuten de manera notoria en el acceso a la salud de niñas y niños indígenas. Además, se tomó conocimiento a partir del diálogo con la Asociación Voces de Barro, que la alimentación de niñas y niños wichí de General Mosconi se viene obstaculizando por irregularidades en la entrega de leche por parte de los agentes sanitarios, que no son controlados por el Estado provincial.
Es imprescindible que el Estado publique de forma unificada los relevamientos vinculados al estado de accesibilidad al agua potable en los tres departamentos de emergencia, como así también las obras proyectadas y los plazos estimados. En ese sentido, sería importante que desde la "Mesa Federal del Agua Social para Salta" como así también de los demás espacios interinstitucionales que se crearon para abordar esta problemática, se publiquen informes de acceso público asociado a este diagnóstico y las respuestas proyectadas y ejecutadas. De forma urgente el Estado debe dirigir sus mayores esfuerzos a corregir estas situaciones que no admiten mayores dilaciones, consigna ACIJ.
Indican que es necesario que el sistema de salud se adecue a un abordaje integral con perspectiva intercultural y comunitaria e incorpore a las comunidades indígenas en la planificación de las políticas sanitarias. En ese sentido, la reglamentación de la Ley Provincial 7.856 y el fortalecimiento institucional del programa de relaciones interculturales son medidas urgentes a adoptar. Citan que es preciso que las autoridades provinciales articulen con el Estado Nacional para facilitar el acceso a los DNI y beneficios de Asignación Universal por Hija/o, Tarjetas Alimentar y Pensiones por discapacidad a las niñas, niños y adolescentes, que enfrentan serios inconvenientes de salud nutricional y que residen en zonas carentes de presencia institucional.
ACIJ abordó la situación de las etnias salteñas.
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El 54% considera que un trabajo estable sería el principal factor de cambio.
Cabe aclarar que de acuerdo a lo que cita el portal Saltatransparente, existe una Ordenanza (la 15.718) que busca proteger los derechos de las personas que viven en situación de calle, que aún no se cumple. La misma fue promulgada en julio del 2020.
