En el marco del tradicional almuerzo en el Rotary Club, el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti aprovechó una disertación que siempre tiene como leitmotiv la Constitución Nacional para advertir que la serie de conflictos llevados a la Justicia por parte de gobernadores y otras organizaciones contra las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo deberían ser resueltas, primero, dentro del ámbito del diálogo político.
Pero advirtió que si no logran llegar a un acuerdo en un tiempo razonable, los tribunales decidirán, lo que se leyó como que la propia Corte puede tomar en sus manos algunas de las controversias, como por ejemplo el DNU dictado a fines de año.
“Apostamos a que estas cuestiones se resuelvan en ámbitos parlamentarios”, afirmó el también titular del Consejo de la Magistratura consultado por la tendencia a llevar a estrados judiciales causas que tienen origen en desacuerdos en la política. “Hay que darle tiempo a la política”, dijo Rosatti aunque aclaró: "si los temas no se resuelven en un plazo razonable, lo hará la Justicia”.
De esta forma, dio una nueva señal de que en la Corte Suprema existe un compás de espera en torno a los expedientes derivados de DNU 70/2023 y otros planteos que han escalado al máximo Tribunal aguardando que tenga una discusión en ámbitos parlamentarios.
Este mensaje no es el primero de Rosatti en este sentido: ni en cuanto a la judicialización de la política ni respecto a que deben ser los poderes deliberativos los que deben resolver sus diferencias en lugar de acudir a los tribunales a la espera de una resolución que los favorezca y eludir así el diálogo institucional.
En cuanto al funcionamiento del Máximo Tribunal, opinó que la Corte “debería ser el tribunal de garantías constitucionales, reservándose para el análisis de las cuestiones realmente sustantivas”, aunque en nuestro país “desde hace años, y cada vez más, funciona como un tribunal de revisión”. Esto hace que termine resolviendo, en promedio, más de 10 mil causas anuales, cuando su par estadounidense trata alrededor de un centenar de expedientes en el mismo período, señaló.
A su vez, evitó opinar de las propuestas oficiales para ocupar vacantes en la Corte Suprema por parte del Gobierno y esquivó una opinión sobre si deberían haber sido propuestas mujeres para cubrir esos cargos, una de las principales críticas al Poder Ejecutivo.
Hubo consultas referidas específicamente a la política tarifaria y su eventual judicialización. La respuesta de Rosatti fue que las decisiones no lo son pero las "consecuencias (de esas decisiones) pueden ser judiciables".
