La resolución, dispuesta el 27 de agosto pasado por los jueces Guillermo Elías y Alejandro Castellanos y la jueza Mariana Catalano, adoptó como eje central los argumentos expuestos por el Área Civil de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, quien acompañó el reclamo de los demandantes.
El planteo de inconstitucionalidad fue presentado ante el Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta el 16 de enero pasado, al día siguiente de la sanción de la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
En el planteo, los actores, entre ellos, la ex senadora nacional María Fiore Viñuales, solicitaron la aplicación de medidas cautelares contra la ley IVE, las cuales fueron rechazadas por el juzgado federal.
El 29 de abril la jueza federal subrogante Mariela Giménez declaró la improcedencia formal del pedido de inconstitucionalidad por “carecer los presentantes de la calidad de sujetos legitimados activos en relación directa a la noción de causa o controversia”.
Los demandantes apelaron, pues el fallo los dejaba sin posibilidades de arribar a una discusión más profunda en torno al caso.
Por su parte, el fiscal Toranzos apeló a la “legitimación extraordinaria”, contemplada cuando se cuestionan los derechos colectivos. “Ésta, será la que tenga aquél sujeto —o asociación— que sin ser el titular directo del derecho tutelado; la ley de todos modos, autoriza a iniciar el proceso”, indicó.
A su vez, resaltó la apertura que existe en este sentido, “fundamentalmente a partir de la incorporación del nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional”.
“En este orden de ideas, garantizar el acceso a la justicia de los niños por nacer, significa dotar de mayor amplitud al concepto de legitimación activa a través de las normas procesales”, agregó.
En cuanto a la legitimación amplia, alegada por los demandantes y contemplada en el artículo 1°de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061, sostuvo que esa norma prevé una acción colectiva “a fin de restaurar el ejercicio y goce” de los derechos reconocidos por la ley y los tratados internacionales en la materia.
Explicó en su dictamen que ello era así en función del principio de máxima exigibilidad e interés superior del niño.
La protección de esos derechos, indicó, se debe procurar “a través de medidas expeditas y eficaces”, y explicó que no existen fundamentos para excluir a los niños por nacer, teniendo en cuenta que la ley 23.849, al momento de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que “la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
Coincidencias de los jueces Elías y Castellanos
Tras estudiar los argumentos esgrimidos, tanto de la fiscalía como de los demandantes y los representantes legales del Estado, los jueces Elías y Castellanos coincidieron con el fiscal Toranzos, en tanto que la jueza Catalano se mantuvo en la línea argumentativa del fallo cuestionado.
Sobre la ley 26.061, el juez Elías adujo en su voto que no existe discusión respecto a la constitucionalidad de esa norma. “El alcance de lo allí dispuesto, esto es, la legitimación procesal reconocida a todo ciudadano para accionar en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, abarca también a las personas por nacer”, afirmó al respecto.
Consideró que “la interpretación acerca de la legitimación de los demandantes exige admitir una posición amplia que no obstruya irrazonablemente el acceso a la jurisdicción mediante interpretaciones excesivamente formalistas y restrictivas”.
“Así lo entendió también el fiscal federal”, puesto que “el espíritu de la ley 26.061 es el de habilitar una legitimación activa amplia en defensa de un grupo social vulnerable como son los niños, en especial los niños por nacer, ya que de lo contrario se restringiría su acceso a la justicia”, desarrolló el camarista.
“Esta última opinión –agregó- no resulta menor, pues aquel como representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación es el encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.
Para el juez Castellanos, en tanto, el tema impone considerar si las personas por nacer resultan alcanzadas por dicho cuerpo normativo, interrogante al cual entiendo que debe responderse de manera afirmativa. Ello así, puesto que dicha ley tiene por principal objeto la protección de “los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
