DELITO DE VEJACIONES

Piden la prisión preventiva para tres policías acusados de graves delitos

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la prisión preventiva de los tres efectivos policiales detenidos e imputados en múltiples causas, mientras cumplían funciones en la División de Seguridad Urbana.

Luciano Cruz perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los policías.
Luciano Cruz perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los policías.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos, quienes fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

Según se desprende de las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas, (entre las cuales se encontraban dos menores de edad) y en muchas situaciones, sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales.

Uno de los damnificados, indicaron desde la fiscalía, se trata de Luciano Cruz, quien perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendidos de sus familiares.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke sostuvo que, de los diferentes elementos colectados durante la investigación, se logró sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga, con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimientos del sistema judicial.

Un modo de vida

En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar que estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

La fiscal solicitó la prisión preventiva del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común. Agregó que dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia.

 

 

 

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