Esta situación se encuadra en una causa que tiene como damnificado a los dueños de una avícola.
Con gran presencia mediática y alegaciones de desconocimiento del Derecho contra sus rivales, sean jueces o fiscales, el abogado Fernando Burlando obtuvo una resolución que le permitirá presentar a su cliente, quien revestía la calidad de prófuga, ahora está de "vacaciones", una concesión que rara vez la Justicia salteña concedió.
El letrado, conocido por representar a personajes de la farándula y de la política nacional, había presentado un recurso mediante el cual exigía que se levante el pedido de captura contra su clienta, una mujer acusada de cometer una estafa millonaria en perjuicio de una empresa regional.
Secundado por el exfiscal Javier Ignacio Baños, ex fiscal de Morón y sindicado como el cerebro del estudio, Burlando se mostró sorprendido por la captura en contra de su clienta, pero nada dijo respecto a su paradero, el cual, al parecer, mantienen bien guardado.
Como parte de la estrategia mediática, Baños contraatacó y fue a la médula judicial, pues con mucha suspicacia se mostró sorprendido por la decisión de la justicia salteña de ordenar la detención de la denunciada en un caso con penas excarcelables, lo que sucede a diario, tanto en tribunales porteños como en el resto del país.
Con tiros por elevación, criticó a la fiscal Gabriela Buabse y a la jueza Rodríguez, sin que el jefe de los fiscales, sensible contra quienes buscan marcarle la cancha, dijera nada. Por el contrario, fuentes de su entorno revelaron que están ansioso por una foto con el mediático abogado y así ligar un poco de la atención de los medios.
Baños, por su parte y para evitar cualquier roce con una derrota en tierra gaucha, dejó en claro que Burlando sólo actúa a modo de asesor, aunque tras el primer fallo a su favor, probablemente dejen de lado esos formalismos.
En concreto, Burlando apareció la semana pasada, jugó a las escondidas sobre la causa en la que iba a litigar, para finalmente dar a conocer que estaban tras una disputa de fraude en torno a una avícola, lo que decepcionó a más de uno que esperaba su actuación en casos de mayor porte, como el caso Huergo.
Esta semana, en tanto y en respuesta al fuego mediático, la jueza Rodríguez aceptó la propuesta de Burlando y, luego de negociar con la fiscal Buabse, decidió levantar el pedido de captura contra María Nélida Álvarez y Gustavo Daniel Rodríguez.
No obstante, dispuso mantener vigente, para ambos acusados, la prohibición de salir del país y difirió para más adelante un pedido de libertad que el abogado defensor introdujo junto al pedido de levantamiento de la orden de captura.
Los acusados, que no deben haber estado lejos, se presentarán mañana ante la jueza y la fiscal para responder por las graves denuncias realizadas por los dueños de la avícola, quienes le exigen la devolución de más de 50 millones de pesos, dinero que le habría sido confiado a Álvarez, quien, por el contrario, aduce que fue la única víctima.
La mujer, según la denuncia, fingió ser operadora comercial, enamoró al hijo de los dueños de la firma y, desde esa posición, manejó varias cuentas y emitió cheques por cifras millonarias, aunque de cada pago a proveedores, se quedaba con una parte, de la cual ahora pagará el valioso asesoramiento jurídico el que, por cierto, no es nada barato.
Según la defensa jurídica hay graves contradicciones
Consultado sobre el caso, Baños afirmó que hay graves contradicciones. “Solo resulta legítimo un pedido de detención cuando se tienen que asegurar los fines del proceso. Las acusaciones son groseramente infundadas y contradictorias contra Álvarez y su marido. La imputación es por un delito que tiene un mínimo legal que no supera el mes de prisión”, señaló.
Agregó que los acusados son personas que no tienen ningún antecedente penal, “tienen un hijo menor en edad escolar. Si autorizaran esta medida cautelar a raíz de una acusación completamente infundada, hay un menor de 11 años que quedaría en situación de calle. Realmente es muy arbitraria la disposición de una detención en esta situación procesal”.
El abogado cuestionó el pedido de detención. “Nunca vi que se ordene una detención con la sola denuncia de una de las partes. Además, sería un absurdo que las personas transiten el proceso privados de la libertad mientras rige el principio de inocencia. Hay una contra denuncia. Todo el material que supuestamente se secuestre en el domicilio de los defendidos que hipotéticamente se usó como elemento para justificar el pedido de detención, son elementos que ya estaban ofrecidos como pruebas en la contradenuncia”, expresó.
Sobre el paradero de su clienta, dijo que “ella se fue de vacaciones. Es un tema sumamente delicado que tiene que encausarse en la vía correspondiente que claramente no es la penal, el derecho penal tiene que ser lo último. En este caso se está usando el derecho penal para presionar en un conflicto que es de carácter evidentemente comercial”.
En el domicilio de la pareja se encontró documentación, “caraturales, cheques, vehículos de alta gama. Pero todos esos elementos son pruebas que nuestros clientes habían ofrecidos para demostrar que habían sido defraudados en una suma importante de dinero y esa era la materia de discusión”.
