Esta documentación posteriormente podría convertirse en la prueba que acompañe las denuncias ante la posible comisión de delitos en perjuicio de la hacienda pública.
Dicho convenio fue rubricado por el procurador general, Abel Cornejo y el presidente de la Auditoría General de la provincia, Gustavo Ferraris.
“El convenio implica el acceso a una capacitación que permitirá que los informes técnicos de la Auditoría tengan una coincidencia, en cuanto a su elaboración, con los parámetros legales; porque muchas veces el accionar de la Auditoría contiene imperfecciones técnicas que le quitan sustentabilidad en el ámbito judicial y tratamos de orientar el trabajo de campo de los auditores, cuando salen a hacer sus tareas contables y financieras, hacia una estructura legal y de normas procesales, de manera que sirvan como elementos de prueba en juicio y tengan una coincidencia técnica con los presupuestos legales”, explicó Ferraris.
La Constitución Provincial establece que la Auditoría tiene legitimación para comparecer en juicio por sí misma y en representación del Estado, en los casos que se detecte y en virtud de las funciones atribuidas por la Carta Magna y las leyes vigentes, el posible daño patrimonial al Fisco. Además, la Ley Nº 7103, establece que la Auditoría puede actuar como sustentadora y proveedora de pruebas.
La AGPS realiza las auditorías financieras, de legalidad y de gestión de las entidades bajo su control, así como la evaluación de los programas, proyectos y operaciones financiadas con fondos propios de la provincia, o provenientes de financiamiento nacional o internacional.
