Además, imputó a tres concejales como partícipes necesarios del delito de peculado.
Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, denunciara al jefe comunal Javier Wayar en la Fiscalía Penal de Cerrillos.
Las causas fueron derivadas a la UDEC, en donde se realizó una investigación y, luego de reunir las pruebas necesarias, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio tomó la determinación de imputar al Intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pues habría presuntas irregularidades en las transferencias al Concejo Deliberante correspondientes a los meses de diciembre 2.019, enero a julio 2.020 y septiembre del 2.020, y habría omitido aplicar la nueva alícuota de 6,92% establecida por el art. 21 de la Ordenanza 33/18.
En cuanto a la imputación de retención indebida, según surge de la investigación, el Intendente habría efectuado transferencias presupuestarias correspondientes a diciembre 2.019, enero 2.020, febrero 2.020, marzo 2.020, abril 2.020, mayo 2.020, junio 2.020, julio 2.020 y septiembre 2.020 a favor del Concejo Deliberante, aplicando una alícuota del 4,5%, omitiendo aplicar la que correspondía según lo establecido por el artículo 21 de la Ordenanza 33/18 (modificado por la Ordenanza 02/2019), que era del 6,92%. De esta forma habría afectado nuevamente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, en particular el del Concejo Deliberante de La Merced.
Respecto al delito de peculado, de la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, surgió que desde cuentas bancarias de la Municipalidad de La Merced se efectuaron, en septiembre de 2.020, tres transferencias de $ 57.081 cada una a las cuentas de tres concejales.
Por último, Salinas Odorisio imputó al Intendente por incumplimiento a los deberes de funcionario público, ya que suscribió la Resolución 535/21, que aprobaba contratos de obras públicas relacionados con el concurso "Cristo de la Hermandad", habría omitido los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072 sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario n° 1319/18.
Durante la audiencia, los imputados se presentaron con abogados particulares y se abstuvieron de declarar, aunque anticiparon que presentarán su descargo por escrito.
