En mayo, la menor empezará a ser juzgada por el delito de homicidio calificado por alevosía y criminis causa en perjuicio de Rosa del Milagro Sulca. El hecho el pasado 28 de abril del 2020 en Villa Mitre, donde encontraron el cuerpo de la docente de 48 años en el interior de su vivienda.
Sulca falleció tras recibir 17 heridas de arma blanca en la parte superior del torso, que habrían sido propinados por la menor cuando esta ingresó al domicilio para robar.
Desde que fue detenida, la imputada permanece en la Unidad Carcelaria Nª 4 de Mujeres del Penal de Villa Las Rosas, en aislamiento y según informaron fuentes penitenciarias a este medio, tiene malas conductas en relación al resto de las presidiarias.
Además de la acusada, en el juicio también será juzgado Martín Oscar Laime como autor del delito de encubrimiento agravado, al considerar que fue cómplica de la menor por haberla ocultado tras consumar el asesinato.
El caso tuvo mucha repercusión luego de que se dieran a conocer los llamados telefónicos que Sulca realizó a la Policía de Salta. Según surge de la investigación, a las 2.37 de la madrugada la docente se comunicó con el 911 y vociferó la frase “Me están matando”, pero la adolescente acusada le sacó el teléfono y afirmó a la operadora del Sistema de Emergencias 911 que quien hablaba era “una tía con problemas de salud”. Mientras, de fondo se escuchaban los gritos de la docente.
Por este hecho, serán juzgados también los supervisores de Demanda Ciudadana Marcelo Tintilay Cordeyro y Gabriela Moyano, quienes fueron acusados como autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El motivo de la imputación, consignaron desde el Ministerio Público Fiscal, es que al desempeñarse ambos como funcionarios públicos, "incumplieron un acto propio de su cargo, esto es llevar adelante la supervisión de las llamadas que ingresan al SE 911 y en su caso, disponer las medidas necesarias para verificar que dicho incidente sea catalogado correctamente y que se asignen los recursos necesarios para asistir en la emergencia".
También se juzgará a los miembros del Centro de Coordinación Operativa, Héctor Roberto Herrera, Gustavo González, Domingo Normando Corbera y los efectivos policiales Antonio Ezequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público; ya que son los policias que se acercaron en un patrullero hasta la vivienda y los operarios que intervinieron en la llamada efectuada por la víctima.
Al llegar, los efectivos declararon que que las luces estaban encendidas y tocaron la puerta, pero nadie les contestó. Entonces trataron de comunicarse con el teléfono del cual provino el llamado de auxilio, pero tampoco hubo respuesta.
“Negativo moradores, no son alertados por persona alguna”, fue la frase que los agentes informaron y a las 2.52 de la madrugada se retiraron del lugar.
Sin embargo, pocas horas más tarde, se dio a conocer el crimen de la mujer.
