En línea con la imputación planteada por el fiscal general Eduardo José Villalba, la magistrada Mariela Giménez dictó el embargo preventivo de la propiedad donde se descubrió la plantación, en respuesta a lo manifestado por la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi, de la Procunar NOA.
De acuerdo a la investigación, el 4 de febrero de este año se realizaron tres allanamientos por parte del Escuadrón 53 de Gendarmería Nacional y del Grupo Operativo Conjunto NOA. Además de la detención del hijo del dueño de la finca y de un cuidador de la propiedad, se secuestraron en el lugar más de diez mil plantas y plantines de marihuana, así como también 75 kilos del mismo estupefaciente.
Una denuncia
En la audiencia realizada ayer, lunes 7 de febrero, la auxiliar fiscal sostuvo que la investigación comenzó en julio de 2.021, a partir de la denuncia de un ganadero, que reconoció la plantación al recorrer la finca, ubicada en el límite de la provincia de Salta con Jujuy. A partir de allí, se llevaron adelante distintas medidas de prueba con el objetivo de identificar a los responsables de haber montado el predio de siembra y cultivo.
La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que se pudo determinar que el cultivo tenía una extensión de una cuadra, con más de 2.500 plantas en tierra y con ejemplares que habían alcanzado una altura de dos metros. Como estaban camuflados entre arbustos y árboles, no podían ser advertidos fácilmente. En otro sector, se había construido un galpón abierto donde se realizaba la primera etapa de la siembra.
En ese lugar se encontraron más de 7.500 plantines, semillas y un sector de secado, además de recipientes con insecticida y fertilizantes y mochilas de fumigado y regado. También se localizaron garrafas con pantallas de calor, un grupo electrógeno, picadoras de vegetales, prensas y otros elementos utilizados tanto para el cultivo como para el fraccionamiento y compactación de la droga, pues en un recipiente se descubrieron tres ladrillos de marihuana.
Piden el embargo de la propiedad rural ante un posible decomiso
En los allanamientos a los domicilios particulares de los acusados se secuestraron aproximadamente un millón de pesos y teléfonos celulares. En la casa del cuidador del campo se hallaron paquetes con marihuana y semillas de cannabis sativa. Además, se incautaron dos armas de fuego, una camioneta, un automóvil y dos motocicletas.
Al momento de exponer sobre la prisión preventiva de los dos implicados, la auxiliar fiscal sostuvo que existía un claro peligro de fuga. Resaltó, además, que podría existir un entorpecimiento de la investigación ya que aún falta que se lleven adelante medidas probatorias, como peritajes a la droga y a los teléfonos secuestrados, así como la posible identificación de otros posibles involucrados.
Hizo mención también a la expectativa de pena pues, de llegar a una condena, la misma no sería de ejecución condicional. Al pedido de prisión preventiva, la fiscal le sumó la solicitud del embargo preventivo de la propiedad ante un posible decomiso.
Para ello, fundó su pedido en la verosimilitud del derecho, el cual entendió probado por la materialidad del hecho, lo cual surge de los propios elementos secuestrados y la responsabilidad de los imputados. Consideró que la demora en dictar una medida podría ser aprovechada para la enajenación del inmueble.
Al momento de resolver, la jueza Giménez dio por formalizada la investigación penal, en línea con los argumentos esgrimidos por la fiscalía, a los cuales le agregó la responsabilidad del Estado Argentino de investigar esta clase de hechos, compromiso asumido a través de acuerdos internacionales. Por este motivo, dictó la prisión preventiva, hizo lugar al embargo de la propiedad y autorizó los peritajes requeridos por la fiscalía.
