El empresario fue procesado el 29 de junio de 2020 por conformar una asociación ilícita destinada a defraudar al fisco.
La denuncia del empresario apuntaba a evitar que el proceso penal en su contra siga adelante, tanto el que se materializó ya en gran parte en la Justicia Federal, como el que la Procuración General de la Provincia mantiene llamativamente inactivo, y del cual podría derivar calificaciones penales más graves.
Según lo denunciado, Matías Huergo aseguró que las acusaciones en su contra fueron orquestadas por cuatro funcionarios de la delegación local de la AFIP, un fiscal federal y tres jueces del Poder Judicial de la Nación, como así también señaló como ideólogo o responsable intelectual de todo al diputado nacional, por Juntos por el Cambio, Martín Grande.
Huergo denunció que, en su contra, se realizaron “tareas de inteligencia, escuchas ilegales, detención ilegal, privación ilegítima de su libertad en condiciones indignas y degradantes, malos tratos, amenazas y extorsión”. En esas maniobras, afirmó, “habrían actuado en forma coordinada, Jaime Mecikovsky, ex Director de Operaciones Impositivas del Interior de AFIP; Guillermo Andrés Oro, ex Director (I) de la Dirección Regional Salta de AFIP; Rodrigo Zambrano Echenique, ex Jefe (I) de la Sección Penal Tributario de la AFIP y José Félix Castellaro, ex Jefe (I) de la División Investigaciones de la Dirección Regional Salta AFIP”.
Asimismo, apuntó al fiscal federal Ricardo Toranzos, el juez federal Julio Leonardo Bavio y los jueces Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Santiago French, de la Cámara Federal de Salta, como otros implicados en un presunto “proceso ilegal de espionaje para inculpar a su persona de delitos y a profesionales del derecho, ciencias económicas, funcionarios y políticos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y provincia de Salta”.
Afirmó que todo fue “con la intención de perjudicar al entonces intendente de la Municipalidad Gustavo Sáenz, quien había anunciado su candidatura a gobernador”.
Esta denuncia, realizada en una fiscalía provincial, fue luego girada a la Justicia Federal, por cuestión de competencia, por entender que los supuestos acusados se tratan de funcionarios del Estado Nacional, por lo que el caso debía ser investigado por el fuero de excepción.
El martes pasado, tras analizar el caso, la jueza Giménez resolvió desestimar la denuncia a partir del dictamen presentado por el fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del Área de Transición, de la Unidad Fiscal Federal Salta.
En su referencia al caso, el fiscal descartó la existencia de irregularidades en el proceso penal seguido contra Huergo, como así también resaltó que todas las pruebas producidas durante la investigación, entre ellas las intervenciones telefónicas, tuvieron el control judicial correspondiente.
Los argumentos para desestimar la acusación de Huergo
Con respecto a las acusaciones de privación ilegítima de la libertad y otros supuestos delitos, Amad desechó que tales acusaciones tengan algún asidero, no solo porque el proceso fue absolutamente regular, sino también porque el empresario procesado tuvo varias oportunidades de alegar lo que ahora denuncia, sin que ello haya sucedido.
“Los dichos de Huergo carecen de los requisitos mínimos de coherencia y verosimilitud necesarios para instar la acción penal”, sostiene el fallo que desestimó la denuncia del empresario, quien buscaría de esta manera desacreditar el procesamiento que ya pesa en su contra en la Justicia Federal.
En el fallo, el fiscal Amad fue contundente al rechazar las acusaciones de Huergo respecto a que se trata de una víctima, pues señaló que los funcionarios de la AFIP que denunció, efectivamente lo investigaron, se trata de un contribuyente, ya que esa es la tarea de los que componen dicho organismo.
Lo que sucede es que, producto de esa investigación, la cual surgió incluso de una denuncia anónima, se descubrieron los delitos por los cuales Huergo fue finalmente procesado, previa investigación que tuvo todos los controles por parte de la defensa el juez de instrucción.
Dado el cargo de los cuatro funcionarios de la AFIP apuntados, los mismos estaban obligados a investigar a Huergo, quien es un contribuyente más, como muchos. Irregular hubiese sido que pese a existir una denuncia anónima, no se haga nada.
Señaló que la tarea del fiscal Toranzos también se registró dentro del canal legal, pues ante la presunta comisión de un ilícito, dispuso las tareas de investigación, tanto de campo como de inteligencia, que son propias en dicha etapa del proceso. Lo mismo sucedió con el juez Bavio, quien ordenó las medidas de prueba requeridas por el fiscal. Afirmó que la detención de Huergo fue totalmente legítima, pues no solo fue ordenada por un juez, sino que tuvo también el control de un tribunal de alzada. Respecto a la extorsión, Amad indicó que tal acusación ni siquiera debe ser tenida en cuenta, ya que el empresario no señaló la afectación de su patrimonio que se vio perjudicado por este presunto delito, para concluir con el rechazo total de la denuncia de Huergo.
Por otra parte, desde la defensa del empresario salteño, afirmaron que las presentaciones y denuncias sobre el proceso de su detención fueron realizadas en tiempo y forma y que constan en el expediente, contradiciendo las afirmaciones del fiscal general Carlos Amad.
