"Perpetua para todos los represores juzgados en la causa Guerrieri IV que investiga la desaparición de Susana y Graciela Busaniche, entre otros. Después de 46 años, llegó la justicia", expresó la periodista Gisela Busaniche, sobrina de dos de las víctimas, sobre el fallo.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante en este juicio, el número 14 que se realiza por crímenes de lesa humanidad en Rosario y el cuarto debate que se realiza en el marco de la “megacausa Guerrieri”.
Fueron condenados los exmiembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
En este proceso también recibieron prisión perpetua los exmiembros de la delegación Rosario de la Policía Federal Juan Carlos Faccendini, Oscar Roberto Giai, Juan Félix Retamozo, Roberto Raúl Squiro, Osvaldo Tebez, Enrique Andrés López y Federico Almeder.
Los 16 represores fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de secuestro, tormentos, sustracción, retención y ocultación de menores, homicidio y, por primera vez en la jurisdicción, por desaparición forzada.
Para cinco de ellos, los expolicías Faccendini, Giai, Retamozo, Squiro y Tebez, esta fue su primera condena por crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal, integrado por María Noel Costa, Mariela Emilce Rojas y Jaime Díaz Gavier, aceptó el pedido de ampliación de la acusación de la fiscalía y querellas, entre ellas la de la Secretaría, y condenó a los acusados por los crímenes sufridos por las y los hijos de las víctimas, quienes al momento de los hechos eran menores de edad.
Sobre el cumplimiento de la pena, el TOF ordenó mantener las medidas cautelares sobre los acusados y dispuso que, una vez que la sentencia adquiera firmeza, todos deberán cumplir la pena en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
En este tramo se juzgaron los crímenes que sufrieron 116 personas, de las cuales 62 nunca habían sido tratadas en un juicio oral. Las víctimas pasaron por diferentes centros clandestinos de detención de Rosario (La Intermedia, Escuela Industrial Magnasco y la Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu”), de Funes (la Quinta de Funes) y de Granadero Baigorria (La Calamita). También fueron juzgados por primera vez los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la exCasa Saleciana “Ceferino Namuncurá” de la localidad de Funes.
Durante el debate se visibilizó la utilización sistemática por parte del Destacamento 121 de enfrentamientos fraguados para encubrir ejecuciones en la vía pública o de personas que habían sido secuestradas previamente y llevadas a algún centro clandestino de detención. Estos crímenes eran difundidos como enfrentamientos a través de los comunicados oficiales publicados en los diarios, que formó parte de la denominada acción psicológica del terrorismo de Estado hacia la población.
"En la familia Busaniche militaban tres hermanos: Susana que está desaparecida, Graciela que fue desaparecida estando embarazada y mi papá que se tuvo que ir al sur para salvarse. En tanto, la familia Delgado era una familia tradicional de Rosario", explicó la periodista Busaniche en una entrevista realizada luego de la aparición del nieto de Estela Carlotto. Graciela estaba en pareja con Pedro Pablo Delgado y en el momento de su detención ilegal, estaba embarazada de tres meses. Por eso, esta familia todavía busca a ese nieto.
En Argentina se están llevando adelante más de 15 juicios orales en diferentes provincias y la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en dos de cada tres de esas causas. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia más de 1100 genocidas.
“Es un día de mucha emoción y sensaciones encontradas porque tuvimos una nueva sentencia por delitos de lesa humanidad”, dijo Tomas Labrador de HIJOS Rosario a Radio 2. La sentencia “es importante cuando los discursos negacionistas tienen un poco más de lugar y responder de esta manera con juicios donde los acusados tuvieron todas las garantías”.
