Dos años antes, el 13 de diciembre, el también juez de Instrucción Formal de Cuarta Nominación, Roberto Elio Gareca, también fue destituido por mal desempeño, un fallo que está pronto a reeditarse en los próximos días en el jury que se le sigue a la Defensora Oficial Civil de Tartagal Rosa Fabiola Díaz, cuya situación es paupérrima.
Es que la funcionaria, lejos de revertir alguna de las acusaciones en las cuatro primeras sesiones del jury seguido en su contra, no sólo no pudo dar explicaciones, sino que el jurado se dio con más casos que hablan de la negligencia y abandono por parte de la defensora, quien apenas transitó poco más de tres años en el cargo.
Y no es que se trató de unos cuantos, sino centenas de expedientes que Díaz no supo justificar por qué fueron a parar a un armario, al que los empleados dieron el apodo de “cementerio”, del cual ahora y a partir de la gestión del actual Defensor General Pedro García Castiella, uno de los denunciantes, se logró reactivar actuaciones en, al menos, 50 causas de las que estaban archivadas. Ni siquiera la asistencia legal del abogado Marcelo Arancibia, quien viene de obtener una victoria rotunda en el caso Jimena Salas, pareciera salvar a Díaz, quien, lejos de asimilar la difícil situación que atraviesa, se muestra ajena a todo el desorden y abandono que existía en la defensoría a su cargo.
Es más, tanto García Castiella como el Procurador Abel Cornejo, quien también denunció a la defensora y lleva adelante la acusación, reconocieron los esfuerzos del experimentado letrado, quien supo disimular su sorpresa cuando los testigos, que no fueron pocos, testificaron y sumaron nuevos hechos contra su clienta.
Para esta semana que comienza, no se descarta que surjan más acusaciones o nuevos hechos, situación que, según el anillo cercano a la funcionaria, era conocido de antemano y por ello le habría recomendado presentar la renuncia y así evitar el bochorno, sin embargo, la funcionaria insistió en que no tiene nada que ver con las acusaciones en su contra.
Injustificable
Hasta el momento, Díaz sólo se paró en que la situación de abandono era conocida por la ex defensora general María Inés Diez, quien incluso consintió que siguiera adelante en una defensoría con precarias condiciones, hecho que fue negado de manera tajante por García Castiella, quien, más allá de defender a su antecesora en el cargo, tildó de irrisorio el justificativo dado por Díaz. Tampoco fue necesario analizar si la acusación de Sandra Díaz, la hermana mayor de la defensora, sindicada como la que destapó la olla al denunciar que la funcionaria judicial junto a otra hermana, Paola Díaz, concejal de Tartagal, comercializaban donaciones que habían llegado a ese municipio para ser entregadas a comunidades originarias.
Aunque la defensora pudiera aludir cuestiones personales o, en este caso, familiares, lo cierto es que los dichos de Sandra Díaz quedaron reducidos frente al resultado de la auditoría realizada en la defensoría, la que dejó en evidencia el letargo y negligencia de la defensora en el cumplimiento de sus funciones. Pilas de expedientes de vecinos, en su mayoría de escasos recursos, que fueron a la defensoría en busca de ayuda para realizar trámites legales y así atender a menores, ya sea porque sus padres fallecieron o no podían hacerse cargo, nunca tuvieron respuestas.
Casos que involucraban a menores de edad
De los 150 casos de mal desempeño por los que la defensora es juzgada, el jurado escuchó a cuatro testigos que se refirieron a las situaciones particulares que fueron planteadas ante la defensoría y que no tuvieron respuestas. Un cacique aborigen que vive en extrema vulnerabilidad, acudió tras el fallecimiento de su hermana. Contó que concurrió durante 4 años a la Defensoría para obtener la tutela de dos pequeños sobrinos que le posibilite no solo regularizar la situación legal de los menores sino también a la obtención de una asignación universal por Anses.
Otro afectado sostuvo que también fue a la Defensoría para iniciar los trámites por cuidado personal de 7 hijos menores. Concurrió en tres oportunidades; le hicieron presentar la documentación en tres oportunidades sin que se haya podido iniciar los trámites de cuidado personal, hoy cuatro de sus hijos ya son mayores de edad. Una señora, en tanto, relató las peripecias vividas por una solicitud requerida para que se inicie trámite de tutela por tres nietos, quien en el momento del requerimiento de representación eran menores, en la actualidad dos son mayores y la menor precisa cobrar un seguro por la muerte de un familiar, hecho que no se había producido por la inacción de la defensoría. Otro damnificado más, indicó que se presentó en la defensoría para iniciar interdicto de recobrar posesión, había sido despojada violentamente de su inmueble, dejó entre su documentación un boleto de compraventa original, el cual había sido extraviado.
En los tres primeros casos, y gracias a las disposiciones restaurativas urgentes ordenadas desde la Defensoría General, se activaron las distintas actuaciones que ya se encuentran en trámite.
