Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Narda Flores Vega, integrantes del TOF, consideraron que los hechos juzgados "son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y en consecuencia son imprescriptibles", al leer el veredicto del proceso oral y público sobre los ex integrantes del Ejército, la Armada, la Gendarmería y la Policía Bonaerense.
Diez de los 19 imputados fueron sentenciados a cadena perpetua y los otros 9 tuvieron condenas de entre cuatro y 22 años de prisión, por lo cual no hubo ninguna absolución.
Entre los que recibieron la pena máxima se encuentra Santiago Omar Riveros, ya condenado en otras causas, quien era jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo y jefe de la Zona de Defensa IV durante la dictadura.
Los otros condenados a perpetua son Luis Sadi Pepa, ex director de la Escuela de Comunicaciones, Área 420, dependiente del Comando de Institutos Militares; Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos.
Entre los delitos por los que fueron juzgados figuran la privación ilegal de la libertad, la imposición de tormentos a las víctimas por ser perseguidos políticos, homicidios cometidos con alevosía y en algunos casos también violaciones con la participación de dos o más personas.
Denuncia a Morales
Organizaciones sociales de Jujuy denuncian nuevas intimidaciones de Gerardo Morales.
Hubo procedimientos policiales que fueron calificados por las entidades como un atropello que se produce en el marco de la "persecución política" que le adjudican al gobierno de Jujuy. Anticiparon que denunciarán las irregularidades y que habrá una movilización en rechazo a lo ocurrido.
Efectivos de la Policía de Jujuy realizaron ayer allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales en el marco de una causa en la que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión, y secuestro documentación y otros elementos, medida que fue rechazada por las entidades que la consideraron una "persecución política" y apuntaron contra el gobernador Morales.
