El gobierno nacional lanzó su paquete de medidas económicas y, en el marco de una reforma estatal que abarca distintos aspectos económicos y sociales, lanzará un Decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía. En ese marco, la presidencia de Javier Milei buscará derogar la Ley de Abastecimiento con el objetivo de erradicar los controles de precios.
El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), a quienes les adelantó su decisión de derogar la Ley de Abastecimiento, que se enmarca en la vocación desregulatoria del sector expresada por el Gobierno, dijeron fuentes gubernamentales.
En la reunión, se transmitió a la entidad industrial la decisión de avanzar en la derogación de la Ley 20.680, sancionada el 20 de junio de 1974 y modificada en 2014, que regula "la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga --directamente o indirectamente-- necesidades comunes o corrientes de la población".
La norma autoriza a la Secretaría de Comercio a "imponer sanciones (...) frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales”
Además, el Estado tiene la potestad de fijar precios máximos, mínimos y de referencia, y márgenes de utilidad (es decir, lo que pueden ganar las empresas por cada producto o servicio). También puede ordenar la continuidad de todo o parte del proceso económico: fabricación, comercialización y distribución de cuotas mínimas de algún producto o servicio.
Qué es la Ley de Abastecimiento
La Ley de Abastecimiento, aplicada por la Secretaría de Comercio, habilita al Estado nacional a tomar medidas sobre los precios, como fijar números máximos y sancionar a empresas que suban el valor de los productos de manera “injustificada”.
Según aclara el texto de la norma, la ley rige "con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional— que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población".
Se encuentra vigente desde 2014 e influye en todos los procesos de la compraventa: desde la fabricación hasta la distribución y venta o contratación.
El decreto que apunta a desregular la economía, conversado durante la reunión de Gabinete de este jueves, necesitará de los votos en el Congreso, una zona hostil para las iniciativas del presidente libertario quien no posee mayoría en ninguna de las dos cámaras. Sin embargo, desde el Gobierno remarcan que "hay buena predisposición de muchos sectores y de gobernadores, incluido el peronismo".
